Organizaciones internacionales rechazan juicios y condenas contra ex funcionarios de la FVBCH, La Prensa y periodistas independientes

Redacción / IP Nicaragua

Voces del Sur y otras 17 organizaciones internacionales rechazaron la “farsa judicial” y las duras condenas que el régimen a través del poder judicial ha impuesto los ex funcionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), al gerente general del diario La Prensa y demás periodistas independientes detenidos por razones políticas.

“Hacemos responsable al  Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia  y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, señalaron las organizaciones.

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La justicia nicaragüense ha sentenciado a entre 7 y 13 años de prisión a las personas extrabajadoras  de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzao Holmann y a periodistas independientes de Nicaragua”, señalaron este 24 de marzo los organismos firmantes.

Holmann fue declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero. La Fiscalía solicitó una pena de nueve años y cuatro meses de prisión más una multa monetaria.

El gerente general del diario La Prensa fue detenido el 14 de agosto de 2021, cuando la Policía allanó el edificio del rotativo. Su juicio finalizó este miércoles 23 y su sentencia definitiva será leída el próximo 31 de marzo.

Periodistas en la mira del régimen

El 21 de marzo, el juez Noveno del Distrito de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y ex precandidata presidencial, Cristiana Chamorro.

Chamorro fue procesada en su calidad de presidenta de la FVBCH por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, gestión abusiva y falsedad ideológica. Además, debe pagar una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado.

En el mismo juicio, su hermano Pedro Joaquín y tres ex funcionarios de la FVBCH fueron declarados culpables.

“Estos espurios procesos judiciales”, como califican a los juicios en contra de los opositores en Nicaragua, se suman a las sentencias ya emitidas en semanas anteriores contra Miguel Mendoza, periodista deportivo sentenciado a 9 años de cárcel por expresar sus opiniones en redes sociales.

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También denunciaron los juicios arbitrarios en contra de “Miguel Mora, fundador de 100% Noticias y ex precandidato presidencial, y Jaime Arellano, comentarista político, ambos condenados a 13 años de prisión, por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”, agrega el pronunciamiento.

A la vez, las organizaciones firmantes, expresaron su rechazo internacional a “estas sentencias y aquellas emitidas contra las demás personas presas políticas detenidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

Estado debe velar por sus condiciones de salud

A la vez revelaron que hacen “responsable al  Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia  y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”.

Adicionalmente, las organizaciones  hicieron un llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos del hemisferio, “a emitir su más severa condena a la sistemática violación de derechos humanos y a implementar todas las medidas a su alcance para que las personas presas políticas en Nicaragua sean puestas en libertad”.

Instaron al Consejo de Derechos Humanos para que, en su próxima resolución sobre Nicaragua, adopte un mecanismo internacional sólido, independiente e imparcial, que permita investigar y documentar exhaustivamente las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde abril de 2018.

Acciones a favor de los presos políticos

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), lanzó este jueves una campaña por la liberación e integridad física y psicológica de todos los presos políticos que están en el Chipote “torturados con silencio”.

“Las presas y presos políticos son torturados día y noche con el silencio. No los dejan hablar, no les permiten comunicarse con sus compañeros de celda. El régimen Ortega Murillo, quiere apagar sus voces y sus mentes”, advirtió el organismo defensor de derechos humanos.

Por otro lado, especialistas que participaron en el panel Memoria histórica en el proceso de verdad y justicia, organizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, explicaron que “el diálogo de todas las partes es fundamental para lograr la justicia transicional y no debe ser visto como un proceso de revancha, sino como un proceso de justicia”.

El panel se realizó este jueves 24 de marzo, en conmemoración al Día Internacional del Derecho en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.

Alexandro Álvarez, ex coordinador del Mecanismos Especial de Seguimineto para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó que “la memoria no es lo que ocurrió de manera literal, sino la manera en que las comunidades procesan lo ocurrido”.

“En contextos de crisis como la que ocurre en Nicaragua existe una narrativa establecida por quienes ostentan el poder que pretende establecer la verdad histórica de una menta unilateral, negando por lo tanto lo que supone el establecimiento de la verdad”, afirmó Álvarez.

A la vez agregó que para lograr la justicia transicional se requiere del relato y la narrativa de las víctima, y en este caso dijo que hay toso un “repertorio represivo” en Nicaragua, que incluye prisión arbitraria y más de 350 ejecuciones.

Por su parte, Miguel Martínez, historiador y consultor social, añadió que la memoria histórica es “la memoria contra la revancha, contra la venganza, es por justicia”.

Mientras que, Lea Bolt, internacionalista y activista, opinó que los procesos de justicia transicional y memoria se debe poner en el centro de la escena a las víctimas, a las personas que han vivido de forma directa la violencia estatal.

“Necesitamos trabajar en una memoria de largo plazo, que nos permita que abril no sea una historia más, sino que sea lago que ha atravesado y ha sido una consecuencia de muchas memorias y verdades que no habían sido visibilizadas”, dijo Bolt.