* La situación de violencia que están viviendo las niñas, adolescentes y mujeres en el país, es dramática, señalan las ONG que defienden a las féminas.
Eva Inestroza
Tras los crímenes con saña en contra de las mujeres que han ocurrido en las últimas semanas y a lo largo de los años en Nicaragua, representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, exigen al Estado que aplique de madera real la Ley 779 (Ley contra la violencia hacia las mujeres), en la que mediación no tiene cabida.
En la mayoría de los casos en que las mujeres que han denunciado violencia de género y han mediado o han sido obligadas a mediar, han resultado asesinadas por su agresor, según las estadísticas.
«Al hacer mediación se pone en riesgo la vida de muchas mujeres y niñas. Después de la mediación puede haber más violencia», afirmó Maricé Mejía, del enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), en una conferencia de prensa brindada la mañana de este jueves.
Mejía aseguró que los organismos seguirán denunciando las condiciones de inseguridad, riesgos e inestabilidad que genera la violencia machista dentro de las múltiples crisis que enfrenta el país, como lo es la crisis sociopolítica y la pandemia del covid-19.
En la conferencia de prensa también comparecieron tres madres de mujeres y niñas que fueron asesinadas por hombres que aún no pagan por los crímenes que cometieron.
«Estos testimonios dolorosos muestran la realidad de desatención y desprotección del Estado de Nicaragua, donde siempre nosotras como RMCV, demandaremos la aplicación real de la Ley 779, para que no quepa la mediación, que en la ley original de 2012, en su artículo 46, está claramente descrita que se prohíbe la mediación», argumentó la activista.
Mejía explicó que en caso de violencia de género no puede haber mediación.
«Se hace mediación cuando hay igualdad de condiciones entre las partes y existe la voluntad de mediar. Pero en la violencia machista no, porque ha habido violencia, abuso de poder del victimario hacia la víctima que denuncia cuando ya no aguanta y necesita que la protejan», advirtió.
Por su parte, Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia, considera que la situación de violencia que están viviendo las niñas, adolescentes y mujeres en el país, es dramática.
«Registros de la Policía superan los 1,500 casos de violencia sexual en 2018, mientras que el Instituto de Medicina Legal (IML), reporta en el 2019 más de 3,600 casos. Es decir, más de 2,000 casos con relación a los registros de la Policía. Y en embarazos por violación superan los 1,500 para el 2018», indicó García.
El coordinador de derechos humanos de Codeni observa una inoperancia de parte de los operadores de justicia para dar respuesta a los familiares de las víctimas y a las mismas víctimas.
«Es lamentable que en estas condiciones la Policía Nacional este más dedicada a otros asuntos de interés políticos y no en darles respuesta a las víctimas, a las mujeres, a las niñas que están siendo violentadas, tanto violencia de género como violencia intrafamiliar, maltrato y la situación más gravísima de la violencia, que es el femicidio», alertó García.
En lo que va del año, Codeni registra que de las 50 mujeres víctimas de femicidio, hay nueve niñas.
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