El mandatario nicaragüense Daniel Ortega en un acto central en conmemoración del 43 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización el 23 de marzo de 2023. Foto: Presidencia de Nicaragua
Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio que integran la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), demandan reactivar la Ley Renacer en contra del régimen en Nicaragua.
Las organizaciones del PUDE piden «identificar los activos» del régimen en Estados Unidos, pero insisten que no sólo debe incluir a los miembros de la familia Ortega-Murillo, sino también a otros altos cargos y de las fuerzas armadas.
«Sus activos deben ser congelados», refirió el PUDE en un comunicado.
La ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), propone iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del régimen de Daniel Ortega y la de su familia.
Entre otras cosas, la ley sugiere «restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen» de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes aseguraron un nuevo periodo de cinco años en el poder.
Estados Unidos aprobó la Ley Renacer el 10 de noviembre del 2021, sin embargo, está inactiva por lo que el PUDE sugirió acciones concretas para su restablecimiento.
El informe debe incluir el papel de sus miembros, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, España, Corea del Sur y Taiwán.
La ley también propone sanciones específicas para promover elecciones transparentes en el país centroamericano y frenar las los abusos a los derechos humanos.
Luego de que Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) dio por ganador a Daniel Ortega en las votaciones de 2021; al menos 39 países desconocieron las elecciones y 5 le dan su apoyo al régimen.
Las organizaciones agregan que las «sanciones selectivas» deben dirigirse contra empresas y sociedades – incluidos sus propietarios y directivos – vinculadas al régimen y que se benefician de las exportaciones a Estados Unidos.
«Las sanciones selectivas deben continuar para el Ejército nicaragüense y, sus inversiones financieras deben ser investigadas», señalan.
Piden presentar un informe público sobre los fondos que recibió el régimen de parte de las instituciones financieras internacionales, indicando «qué países votan a favor de la entrega de estos fondos y, el estatus de los fondos que han sido aprobados».
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