Organismos humanitarios temen por estado de excepción en El Salvador

Autoridades de seguridad de El Salvador dijeron el lunes que en las últimas horas han capturado a más de 1.00o pandilleros, después del establecimiento de un estado de excepción y alerta máxima en el país, mientras que organismos humanitarios han mostrado preocupación por la medida.

El estado de excepción —solicitado por el presidente Nayib Bukele y aprobado por el Congreso— limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, entre otras medidas.

La cifra de pandilleros arrestados fue corroborada por Bukele en su cuenta de Twitter, donde además escribió que tenían «16.000 ‘homeboys’ en nuestro poder».

egún el mandatario, hasta ahora a los pandilleros que ya guardan prisión se les ha decomisado todo, «hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol», afirmó.

De acuerdo con Bukele, para «la gran mayoría de las personas, la vida seguirá como antes… a menos que seas miembro de una pandilla o seas considerado sospechoso por las autoridades».

Además del estado de excepción, Bukele también ordenó que se decretará emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condenas los miembros de las pandillas.

El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que trate todos los casos de pandilleros con la misma «eficacia», advirtiendo que estará pendiente de los «jueces que favorezcan a los delincuentes».

Alerta de organismos de derechos humanos

Las acciones en el país centroamericano han alertado a organismos internacionales de derechos humanos que temen puedan prestarse para una serie de arbitrariedades y abuso de poder.

La ONG Human Rights Watch informó que sigue con preocupación la implementación de las medidas y ha pedido al gobierno salvadoreño que la política de seguridad sea siempre parte del estado de derecho.

Juan Pappier, investigador de la división de las Américas de la organización, pidió al gobierno de El Salvador que “proteja a la población con medidas duraderas y respetuosas de los derechos humanos. La política de seguridad debe ser siempre parte del estado de derecho».

«La suspensión de ciertos derechos constitucionales en El Salvador abre la puerta a todo tipo de atropellos», sentenció Pappier, en sus redes sociales.

Mientras que Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional, advirtió que «estos regímenes de excepción no son cheque en blanco, deben cumplir con estándares dictados por derecho internacional».

Por su parte Celia Medrano, analista salvadoreña especializada en derechos humanos y excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó a la Voz de América que durante el estado de excepción, “las reglas básicas del debido proceso podrían ser violentadas”.

La experta además cuestionó la restricción al derecho a defensa que señala el decreto legislativo aprobado por el Congreso.

Según la Constitución salvadoreña, el estado de emergencia puede establecerse «en caso de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o grave perturbación del orden público».

Sin embargo, Medrano afirma que El Salvador es firmante de la opinión consultiva 9/87 de la CIDH, que plantea que hay derechos que son inviolables.

“El derecho a la asistencia jurídica en un proceso legal no deberían de ser restringido ni aún en restricciones de régimen de excepción”, afirmó.

La analista también mencionó que le preocupa el hecho que el decreto legislativo no ha sido preparado para la emergencia, sino que ha sido extraído tal cual de las restricciones constitucionales que se implementaron en el primer trimestre de 2020 debido a la pandemia, algo que ha quedado en evidencia cuando el documento hecho público estaba fechado en ese periodo.

“No tuvieron la responsabilidad de generar un instrumento jurídico acorde a la argumentación, al momento, al contexto actual mediante el cual han pretendido justifica un régimen de excepción. El problema es que, así como está el decreto aprobado, es muy ambiguo en lo que se refiere a su aplicabilidad”, afirmó a la VOA.

El Salvador registró 1.140 homicidios en 2021, o 18 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde el final de la guerra civil en 1992.

Nota de VOA.