El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, confirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad.
El GHREN, creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, presentó este jueves en Ginebra, su primer informe respecto a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados.
Concluyeron que hubo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país.
“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, indica el informe.
El asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable son crímenes de lesa humanidad.
En su informe, apuntan que la policía, grupos armados progubernamentales y otras entidades estatales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, que se prolongaron por casi cinco meses.
«Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población», declaró el presidente del grupo, Jan Simon.
El informe explica que hay motivos razonables para creer que «funcionarios y autoridades de todos los Poderes del Estado y a todos los niveles participaron en conductas violatorias de los derechos humanos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, deportación forzosa, y persecución por motivos políticos».
Simon agregó que, ante este panorama de represión generalizada, «la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra».
«Las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras», dijo Simón y señaló que «el objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país».
El Grupo explicó que «cualquier país» puede investigar estos crímenes de lesa humanidad, dado que las implicaciones han afectado a diferentes ciudadanos, entre ellos algunos extranjeros y otros con doble nacionalidad como la francesa y la estadounidense.
Por lo que llamaron a la comunidad internacional a «iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna».
«El Grupo entiende que hay dos niveles de responsabilidad, una que implica buscar el ejercicio de la jurisdicción universal, y esto quiere decir que cualquier país puede realizar la investigación con respecto a estos hechos y la segunda tiene que ver con investigación por pasiva, que significa que tenemos casos de personas con doble nacionalidad que también fueron objetos de estas graves violaciones y puede ser activada por sus propios países, hay personas que pertenecen a Francia, Estados Unidos y otros países que podrían ejercer esta acción”, dijo Ángela Buitrago, miembro del Grupo.
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