SAN JOSÉ — Once exmandatarios latinoamericanos aglutinados en el denominado Grupo Libertad y Democracia solicitaron este jueves que se agilicen las investigaciones contra el presidente Daniel Ortega en la Corte Penal Internacional “ante las repetitivas violaciones a los derechos humanos” que se dan en Nicaragua.
En un comunicado publicado este 20 de abril, que es una fecha simbólica en Nicaragua por cumplirse cinco años del inicio de las protestas contra Ortega, los exmandatarios, entre ellos Felipe Calderón, de México; Iván Duque, de Colombia; y Mauricio Macri, de Argentina, dijeron estar convencidos que las acciones tomadas por la comunidad internacional no han sido suficientes.
“La situación actual (de Nicaragua) requiere en forma urgente una reflexión por parte de los Gobiernos comprometidos con el Estado de derecho y la democracia…nuestro compromiso para colaborar en nuevos mecanismos que permitan responsabilizar internacional a Nicaragua por sus acciones, incluyendo demandas ante cortes o tribunales”, subraya el comunicado.
Además, los ex mandatarios exhortaron a los gobiernos de América Latina a tomar acciones orientadas a este fin “para facilitar la operación de la justicia internacional”.
Esta semana Ortega brindó un discurso a propósito de los cinco años de crisis sociopolítica que vive Nicaragua en el que reiteró su mensaje de que las protestas fueron un intento de golpe de Estado contra su gobierno, instaurado en 2007.
El mandatario aprovechó su discurso para cargar contra la Iglesia católica a quien señaló de haber auspiciado las manifestaciones y de haberle entregado una carta en 2018 en donde le pedían su renuncia.
«Los obispos nos entregaron una carta, agarré la carta, la hojeé y ahí estaba el golpe de Estado, los señores obispos dando golpe Estado tranquilamente, con sus firmas y apellido ahí, con todos sus nombres completos firmados por todos ellos, no hubo un solo obispo que no firmara, todos firmaron», dijo Ortega.
Este 18 de abril se cumplió cinco años del inicio de la crisis sociopolítica en el país. Estas comenzaron con las protestas ciudadanas por las reformas al seguro social impuestas por el régimen. El reclamo desembocó en una serie de manifestaciones contra Ortega y Murillo, que dieron la orden de contrarrestarlas con la fuerza policial y paramilitar, lo que costó la muerte más de 300 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de la Voz de América
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