El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles 11 de octubre por aclamación la resolución “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia Católica en Nicaragua».
La crisis de Nicaragua volvió a tomar relevancia en el organismo regional a petición de la misión permanente de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, ante las medidas represivas adoptadas por el régimen de Daniel Ortega contra la Universidad Centroamericana (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y otras instituciones educativas en el país.
El cierre de esas instituciones, según el Consejo Permanente, «representa un grave atentado contra la libertad de enseñanza y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto», indica la resolución.
A la vez se refieren con preocupación a las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses en contra de la Iglesia católica «y que ello se manifiesta, además de las medidas en contra de la Orden Jesuita, en informes sobre el encarcelamiento arbitrario de sacerdotes, entre los cuales se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y la expulsión o prohibición de ingreso al país de decenas de clérigos, religiosas y laicos católicos, tanto nicaragüenses como extranjeros».
La resolución se aprobó por aclamación. Se preguntó a los presentes si había alguna oposición a la adopción del texto y nadie intervino, es decir la resolución fue aprobada por unanimidad.
⦁ Instar al Gobierno de Nicaragua a que respete y garantice los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y el derecho a la educación y al trabajo.
⦁ Rechazar las medidas represivas que ha adoptado el Gobierno de Nicaragua contra las instituciones educativas y la Iglesia católica, que afectan su integridad y funcionamiento y que además vulneran los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Nicaragua.
⦁ Reclamar la restitución de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como un pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad.
⦁ Invitar a las instituciones educativas de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos a que ofrezcan, en la medida de sus posibilidades, apoyo a los docentes de las instituciones educativas nicaragüenses afectados por las medidas del Gobierno de Nicaragua, incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales.
⦁ Reiterar el llamamiento que hiciera la Asamblea General a los Estados Miembros en su resolución AG/RES. 3006 (LIII-O/23) para que hagan todo lo posible a fin de alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel.
⦁ Encomendar a la Secretaría General que continúe siguiendo de cerca la situación en Nicaragua y que prepare y presente, según proceda, informes al Consejo Permanente
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