Según la OEA, todos los presos políticos han sido presentados como «presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales».
Redacción / IP Nicaragua
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que proceda a la “inmediata liberación” de los más de 100 presos políticos como condición previa a las elecciones del 7 de noviembre de 2021.
“La Secretaría General reitera la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos, y exhorta a que cese el hostigamiento y persecución para asegurar un proceso de elecciones libres, justas y transparentes”, señala un comunicado emitido este jueves.
La organización internacional expresó su “condena por la situación de los presos políticos en Nicaragua” y reiteró el llamado para su inmediata liberación.
La Secretaría General de la OEA confirma a la fecha existen más de 100 presos políticos en Nicaragua y aunque no brinda un número exacto de cuántos están recluido, confirma que están atravesando tratos crueles y degradantes dentro de la cárcel.
“Todos ellos han sido presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales, están encarcelados junto a delincuentes comunes, sufren agresiones y amenazas de los presos comunes y sufren el ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros”, señala el comunicado.
La Secretaría General de la OEA confirma que los familiares de los presos políticos, también sufren vejámenes por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, tal y como lo han denunciado en reiteradas ocasiones.
“La Secretaría General tiene igualmente constancia de que los familiares de los presos políticos sufren constantes amenazas por parte de agentes del Estado, así como el hostigamiento por parte de las autoridades penitenciarias y tratos lesivos a sus personas por parte de los funcionarios de las cárceles”, mencionan en el comunicado.
Según la OEA, estas acciones conllevan “responsabilidad en función de la violación de normativa nicaragüense, así como los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos”.
Por otro lado, la OEA a través de su comunicado expresa que el Gobierno de Nicaragua debe permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) regrese al país para informar sobre la situación actual de Derechos Humanos.
En diciembre de 2018, el gobierno de Ortega y Murillo expulsó del país a la CIDH y su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que documentó en el terreno todas las violaciones ocurridas en el contexto de la crisis sociopolítica.
Con la medida, Ortega y Murillo incumplieron con el acuerdo firmado el 24 de junio de 2018 en el que se establecía dar continuidad en el terreno a la severa crisis sociopolítica y que la permanencia del Meseni en Nicaragua era indefinida, mientras la situación lo requería.
Bradley Freden, funcionario de la nueva administración de Joe Biden y actual representante interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció recientemente la situación de los presos políticos en Nicaragua.
“Los más de 100 presos políticos languidecen en las cárceles y el régimen de Ortega sigue hostigando e intimidando a las voces independientes”, mencionó.
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