Redacción/ IP Nicaragua
La secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó y condenó la reciente elección de los diez magistrados electorales afines al régimen sandinista y la aprobación de un paquete de reformas electorales diseñadas a la medida del presidente Daniel Ortega.
La OEA considera que ambas acciones «dan una clara ventaja absoluta al partido oficial, en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021 en Nicaragua».
A través de un comunicado de prensa, la secretaría general de la OEA expresó observar «con extrema preocupación», las más recientes acciones políticas del régimen, «que van en contra de los principios y recomendaciones realizadas por la comunidad electoral, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA del 2017 y resoluciones del Consejo Permanente de este organismo.
Luis Almagro, sec1retario general de la OEA, solicitó este miércoles a Elisa Ruiz Díaz, presidenta de este organismo y que funge como embajadora y representante permanente de Paraguay, «incluir la situación de Nicaragua», en la próxima sesión ordinaria prevista para el 12 de mayo.
Además Almagro sugirió incluir en dicha sesión una presentación que él mismo hará sobre el tema de Nicaragua, además de una intervención por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
La petición de Almagro ocurre dos días después que el presidente Daniel Ortega impusiera al total de los magistrados que integran el poder electoral, recién juramentados por la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, de cara a las elecciones presidenciales programadas para noviembre del 2021.
Ortega también ordenó a la Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por diputados sandinistas, aprobar un paquete de reformas electorales a su medida, el cal incluye una serie de leyes para inhibir la participación de la mayoría de opositores que han demandado justicia ante los crímenes por lesa humanidad, perpetrados por el régimen al enfrentarse a las protestas surgidas a raíz de abril del 2018.
La OEA aprobó el 21 de octubre del 2020 una resolución que demandó el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, mediante elecciones libres y justas.
Además la OEA estableció el plazo de mayo del 2021 para que el régimen de Ortega hiciera reformas electorales sustanciales, justas y equitativas, sin embargo en la práctica las reformas solo se aprobaron a la conveniencia del partido de gobierno y en detrimento de sus adversarios opositores, sin acatar ninguna de las recomendaciones de loa organismos internacionales.
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