OEA condena ataques contra iglesia en Nicaragua

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Redacción / IP Nicaragua

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizó este viernes durante una sesión extraordinaria «la situación de Nicaragua » y adoptó una nueva resolución, en un contexto de ataques del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia católica.

La resolución aprobada con 27 votos a favor, uno en contra, cuatro abstenciones y dos ausentes de 34 Estados miembros condena “enérgicamente” el cierre forzoso de las organizaciones no gubernamentales, (ONG), el hostigamiento y restricciones arbitrarias a organizaciones religiosas, medios de comunicación y critica el comportamiento del régimen.

Monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede ante la OEA, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente y señaló que la iglesia “no puede dejar de manifestar su preocupación” sobre los hechos ocurridos en Nicaragua en las últimas semanas.

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Monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede ante la OEA.

La Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna”, señaló monseñor Cruz.  

Las misiones permanentes que solicitaron esta reunión extraordinaria y presentaron el proyecto de resolución son Antigua y Barbuda, Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Los ataques contra la iglesia incluyen la imposición de casa por cárcel a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y la prohibición a todo tipo de actividad religiosa fuera de los templos católicos.

OEA demanda libertad para presos políticos

El documento con fecha del 8 de agosto, reitera su demanda para que el régimen de Daniel Ortega libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación a la prensa independiente, así como garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Asimismo renuevan el ofrecimiento del Consejo Permanente de comprometer al Gobierno en apoyo a la “adhesión a las cartas rectoras de la OEA, el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua de conformidad al Derecho Internacional”.

Luis Almagro, secretario General de la OEA

La resolución encarga al secretario general del organismo Luis Almagro, que transmita la presente resolución al Gobierno de Nicaragua y también resuelven seguir ocupándose de este asunto y considerar acciones adicionales según sea necesario.

El Consejo Permanente reitera que a pesar de que Nicaragua denunció la Carta de la OEA el 18 de noviembre de 2021 “las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua, en virtud de la Carta, continúan vigentes hasta la fecha efectiva del retiro de Nicaragua de la Organización el 18 de noviembre de 2023”.

El pasado 24 de abril, el régimen orteguista anunció el retiro de las credenciales de los representantes de Nicaragua en la OEA y anunció el cierre de su sede ubicada en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua.

Cabe mencionar que el pasado 18 de noviembre, el régimen presentó la renuncia oficial de Nicaragua ante la OEA, tras la declaración aprobada por la Asamblea Nacional para denunciar la Carta de la OEA en respuesta al rechazo internacional de las votaciones generales del 7 noviembre de 2021.

«Gobierno de Nicaragua ha ignorado resoluciones de la OEA»

El Consejo Permanente de la OEA señala que está “profundamente preocupado” porque “a pesar de todas las exhortaciones, contenidas en todas las declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, Nicaragua sigue ignorándolas.

Se encuentra “muy preocupado porque el Gobierno de Nicaragua ha ignorado los esfuerzos del secretario general de la OEA, siguiendo instrucciones del Consejo Permanente, para involucrar al Gobierno de Nicaragua en la discusión de las formas en que un grupo de alto nivel podría ser invitado a Nicaragua para explorar la posibilidad de ayudar al Gobierno a restaurar el respeto y la defensa de la democracia y los derechos humanos de conformidad con las Cartas de la OEA”.

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