El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y tres sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa, declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron nacionalizados por el Gobierno de España.
Sadiel Antonio Eugarrios Cano, vicario de la catedral de Matagalpa y una de las personas que estuvo encerrado en la Curia Arzobispal junto a monseñor Rolando Álvarez es otro de los religiosos nacionalizados por el Gobierno de España.
El 4 de agosto de 2022, la policía impidió que varias personas, incluido el sacerdote Eugarrios, salieran de la residencia del obispo Álvarez cuando el obispo se dirigía a oficiar una misa en una catedral de Matagalpa.
Desde esa fecha, Eugarrios permaneció bajo arresto domiciliario de facto mientras investigaban a monseñor Álvarez por “organizar grupos violentos” y alentarlos a “realizar actos de odio contra la población”.
El 19 de agosto de 2022, la policía detuvo a Eugarrios y lo envió al Complejo Policial Evaristo Vásquez Sánchez.
El 4 de octubre de 2022 se conoció que Eugarrios fue acusado de “conspiración para atentar contra la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, pero el 9 de febrero de 2023, fue excarcelado y desterrado a a Estados Unidos.
El Consejo de Ministros también otorgó la nacionalidad española a los sacerdotes Uriel Antonio Vallejos y Vicente Martínez Bermúdez.
Para proteger su libertad e integridad física por los ataques del régimen de Ortega y Murillo, el sacerdote Uriel Vallejos, párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Sébaco, Matagalpa, salió de Nicaragua por veredas.
El padre Vallejos salió del país tras el cierre de una decena de radios católicas que marcarían el inicio de una escalada de acciones represivas contra la Iglesia en Nicaragua.
Mientras tanto, el padre Martínez Bermúdez, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia católica Santa Lucía, en Ciudad Darío, Matagalpa salió obligado por las amenazas de muerte que recibió.
Los cuatro religiosos sufren en carne propia la persecución que el régimen de Daniel Ortega inició contra la Iglesia Católica en 2018.
Monseñor Silvio Báez salió de Nicaragua el 23 de abril de 2019. Él es una de las voces de la Iglesia católica, junto a monseñor Alvarez, que más critica al régimen por sus acciones represivas.
La represión que inició en 2018 dejó un saldo de 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos, cientos de opositores encarcelados y nicaragüenses en el exilio.
En total, en este grupo, 29 ciudadanos nicaragüenses fueron beneficiados con el ofrecimiento de las autoridades españolas.
El académico Arturo Cruz Sequeira, exaspirante presidencial; la exdiputada, María Fernanda Flores Lanzas; Mauricio Díaz Dávila, exembajador de Nicaragua en Costa Rica y Moisés Abraham Astorga Sáenz, excarcelado político están en este grupo.
Además, Mónica Augusta López Baltodano, abogada y activistay su madre la exgerrillera sandinista, Mónica Salvadora Baltodano Marcenaro; también Noel José Vidaurre Argüello, exaspirante presidencial.
Siguen en la lista: Norman Caldera Cardenal, excanciller de Nicaragua; Óscar René Vargas Escobar, sociólogo; la periodista, Patricia Amanda Orozco Andrade y el exmagistrado, Rafael Enrique Solís Cerda.
El grupo incluye a Rusia Evelyn Pinto Centeno, ex presa política, y su hija Silvia Nadine Gutiérrez. El comentarista, Santiago Antonio Aburto; la feminista y periodista Sofía Isabel Montenegro Alarcón.
Suyén Barahona Cuan, ex presa política y dirigente de Unión Democrática Renovadora (Unamos), el abogado, Uriel de Jesús Pineda Quinteros; Walter Antonio Gómez Silva, extrabajador de la extinta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y ex preso político, están en este grupo de nacionalizados.
España aprobó a Wilfredo Brenes Domínguez, ex preso político y al periodista, Wilfredo Ernesto Miranda Aburto. Los excarcelados políticos Nicolás Palacios Ortiz y Óscar Ricardo Rojas Campos; Claudia León York Blandón, Roberto José Álvarez Rojas y Rosalía del Carmen Gutiérrez Huete.
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