**Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), reitera petición de que un equipo de su oficina visite el país.
Redacción IP Nicaragua
A poco menos de cumplirse tres años del inicio de la crisis sociopolítica, Nicaragua muestra un grave “retroceso” en materia de derechos humanos, por lo que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH), reiteró su petición de visitar el país antes de la presentación de un nuevo informe en el 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
“La autorización de una misión de su Oficina antes de la presentación de un nuevo informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, constituiría una señal positiva y alentadora”, reitera la Oficina en su más reciente boletín que aborda la situación de Nicaragua.
Entre el 22 de febrero y el 23 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tiene previsto presentar un informe sobre la situación de Nicaragua en una sesión que se celebrará en Ginebra, Suiza.
El boletín emitido este 8 de febrero por la OANCNUDH, que ofrece un panorama del estado de cumplimiento de las 14 recomendaciones incluidas en informe de 2019, señala que el Gobierno de Daniel Ortega “ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”.
Alberto Brunori, representante regional de la Oficina Regional de la OACNUDH para América Central y República Dominicana, en un artículo de opinión publicado por el diario The Washington Post, afirma que el panorama en el país “no es alentador”, debido a que “el nivel de cumplimiento de esas recomendaciones por parte de las autoridades nicaragüenses ha sido deficiente”.
“No hay camino posible, ni futuro para las y los nicaragüenses, fuera de los derechos humanos, y menos aún si estos se siguen violando”, reiteró Brunori.
De igual manera, el boletín emitido por esta Oficina reiteró su preocupación por el combo de leyes aprobadas por en la Asamblea Nacional a partir del último trimestre de 2020.
La Asamblea Nacional, donde el partido gobernante tiene una gran mayoría parlamentaria, aprobó tres leyes, sobre agentes extranjeros, ciberdelitos y defensa de los derechos del pueblo.
“Estas leyes pueden afectar aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de participación política, y pueden tener un impacto negativo en particular en el período preelectoral”, reitera la OACNUDH.
La Oficina también está preocupada por la reforma constitucional adoptada en enero de 2021, que incrementa la duración de la pena por “crímenes de odio” de 30 años a cadena perpetua, pues “existe el riesgo de que esta disposición pueda ser utilizada para perseguir selectivamente a las voces disidentes”.
La última, cuando ya se había terminado el boletín, fue la aprobación de una reforma del Código Procesal Penal que permite ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de una persona, sin ninguna acusación.
“OACNUDH ofreció asistencia técnica al Gobierno y al Órgano Legislativo para promover la alineación de estas leyes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, pero no recibió respuesta”, señala el boletín.
Según la OACNUDH, la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde abril de 2018 se vio agravada por la devastación causada por los huracanes en noviembre de 2020 y los efectos negativos de la pandemia la covid-19.
De acuerdo al documento, en Nicaragua persisten las violaciones frecuentes a los derechos a la libertad personal, de expresión, de reunión pacífica, y de asociación, y de participación.
El Gobierno de Daniel Ortega implementó algunas medidas como la liberación de algunos presos políticos, pero esos avances no son suficientes para cumplir a cabalidad las 14 recomendaciones, tomando en cuenta que se niega a restablecer el diálogo y brindar garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación.
La Oficina de la Alta Comisionada, también recordó que urge la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.
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