Las dos nicaragüenses que fueron agredidas a tubazos en una de las tiendas SYR, donde trabajaban como cajera y dependienta, en Costa Rica, «viven la secuelas de la agresión», afirmó el viceministro de Trabajo de ese país, Walter Villalobos.
El viceministro de trabajo de área laboral de Costa Rica, aseguró en una rueda de prensa esta semana que conversó con ambas mujeres. Dijo que el diálogo se desarrolló entre lágrimas de las víctimas, agregando que cuatro meses después de lo sucedido una de ellas “ni siquiera se quiere ver al espejo”.
La agresión contra las nicaragüenses se conoció públicamente en noviembre, cuando circuló el video donde se observa a las dos mujeres siendo agredidas a tubazos y estando ellas arrodilladas, por otras dos compañeras de trabajo por los hechos que ocurrieron el 14 de agosto pasado.
Por la golpiza a las dos nicas permanece en prisión un hombre de apellido Lin, de origen chino y representante de la tienda SYR, en Costa Rica.
Además, una mujer de apellidos Alvarado Dávila, quien trabajaba en el local donde sucedió la agresión, fue detenida, pero dejada con medidas cautelares, por lo que enfrentará el proceso en libertad.
Lin y Alvarado Dávila enfrentan cargos por tortura y privación de libertad agravada.
Villalobos señaló que los hechos que ahora son del conocimiento de la justicia costarricense es algo nunca antes visto en la historia de ese país centroamericano.
En la rueda de prensa Villalobos, rindió un informe sobre las principales acciones ejecutadas por la Dirección Nacional de Inspección para atender de oficio, la situación laboral que se presentó el mes anterior en la cadena de tiendas SYR.
Las autoridades laborales indicaron que se abrieron ciclos inspectivos en 22 tiendas de la cadena y de estas se trasladaron 16 casos a la vía judicial por incumplimiento de lo prevenido por el Ministerio, a raíz del video difundido en el que se observa la agresión hacia las dos nicaragüenses.
«Lo primero era verificar las acciones en la tienda que se presentaron las agresiones. En esa semana se hizo una atención interinstitucional, donde se realizaron las visitas a las diversas tiendas», agregó Villalobos.
Las principales infracciones encontradas en estos centros de trabajo fueron en salud ocupacional, aseguramiento ante la CCSS, la no entrega de comprobantes de pago, salarios mínimos y horas extra, según explicó Villalobos.
De las 16 tiendas elevadas a la vía judicial, siete son de San José, tres de Alajuela y dos de Cartago.
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