La joven Tatiana Paguaga Maldonado, originaria de Ocotal, Nueva Segovia, fue asesinada en Estados Unidos por su pareja, Holman David Pérez, un ciudadano también nicaragüense, quien posteriormente decidió quitarse la vida.
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cincinnati, una ciudad del estado estadounidense de Ohio, el pasado 13 de octubre, reportó la organización Texas Nicaraguan Community (TNC).
Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que sucedieron los hechos. La pareja había emigrado a Estados Unidos en busca de una mejor vida, y dejaron a una niña en orfandad.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) alertó que en lo que va del año un total de 61 mujeres nicaragüenses fueron víctimas de femicidios: 42 dentro del territorio nacional y 19 en el extranjero, con el reciente caso de Tatiana Paguaga Maldonado.
De acuerdo con la organización, 50 femicidios ocurrieron en el primer semestre, reportados en el informe semestral que divulgaron en julio pasado, se suman otros 10 femicidios, registrados en julio (2), agosto (7), septiembre (1) y en lo que va de octubre (1).
En 2022, la organización Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 67 femicidios en el país. Lo que dejó a 62 niños y adolescentes en la orfandad como consecuencia de la violencia de género.
En el 2021 y 2020, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 femicidios de enero a diciembre en cada año.
La organización que trabaja en la defensa de los derechos de la mujer afirma que no existen políticas efectivas para la prevención de la vida de las ciudadanas y los victimarios gozan de impunidad.
También señala que los esfuerzos realizados por las instituciones de gobierno no son suficientes para detener la violencia machista y lo que realizan es “propaganda política”.
El Gobierno hizo propaganda con una cartilla para prevenir los femicidios y continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que fueron cerradas en 2016 por reformas a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal.
Sin embargo, las defensoras feministas han dicho que estas acciones no compensan la ausencia de leyes, estrategias y políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia contra la mujer, garantizar justicia efectiva y acompañamiento adecuado a las víctimas.
A la desprotección contra las mujeres nicaragüenses también se le suma el cierre de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en prevención de violencia y en la búsqueda de justicia.
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