Juristas y académicos internacionales concluyeron que en Nicaragua se vive un «terrorismo de Estado», y los juicios contra los presos políticos son usados para callar a las voces disidentes y medios de comunicación.
Durante un foro denominado “Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión en Nicaragua”, organizado por Voces del Sur Unidas, concluyeron que en el país hay una “dictadura cleptocrática” y un “terrorismo de Estado”.
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José Ugaz, abogado penalista y especialista en derechos humanos, expresó que la situación de Nicaragua refleja el nepotismo “por donde se le vea” y sostuvo que Daniel Ortega ejerce una dictadura “cleptocrática”, que no es más que el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital.
“Nicaragua es un terreno fértil para promover la corrupción, pues la administración de justicia está organizada desde la lógica de la corrupción (…) En Nicaragua no existen separación de Poderes ni instituciones, es conocida por ser un país con tráfico de influencias, impunidad y actos de corrupción”, mencionó Ugaz.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, indicó que desde 2018 se observa que en el país existe un uso ilegítimo de la fuerza, y que se violentaron los derechos humanos tal como fue registrado por el organismo que dirigía.
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“Estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado que busca atemorizar a la población para favorecer a sus fines”, dijo Abrão, quien consideró que el objetivo del régimen es dar una apariencia de legalidad.
Agregó que bajo la legalidad autoritaria se va dando un ambiente de persecución y de ahí las detenciones ilegales y el cierre de organizaciones.
Ortega no oculta nada
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, señaló que el presidente Daniel Ortega no ha ocultado nada, es decir “lo hizo a plena luz del día” y con complicidad de otros sectores a lo interno del país.
La expresidenta costarricense destacó que Ortega “ha pasado de usar mecanismos nacionales hasta usar el tema de normas para prevenir el lavado de dinero a nivel internacional”.
El abogado chileno Ciro Colombara, recomendó tener una mirada a largo plazo que abarque el ámbito de los derechos humanos y la corrupción.
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«Desde esa perspectiva como sociedad se trata de un desafío que no hemos sido capaces de resolver. Ortega-Murillo y su camarilla llevan más de 15 años en el poder y, en definitiva, pese a todo lo que se ha hecho lo que ha ocurrido en el último tiempo nos da cuenta de que la situación es más grave de lo imaginable y es más difícil de modificar», dijo Colombara.
Sobre el caso de la FVBCH
Como parte del debate se presentó un resumen sobre caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que de acuerdo con Orietta Benavides, abogada del caso, “no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso”.
Benavides, quien hizo un resumen del caso indicó que la “tragedia” inició cuando Cristiana Chamorro, directora de la FVBCH, fue citada por el Ministerio de Gobernación para hablar de las supuestas “inconsistencias” en los informes correspondientes al período 2015 al 2019.
“La fundación del 2015 al 2019 presentó toda la información que acreditaba la transparencia en el uso de los fondos y el ente regulador entregó las constancias de cumplimiento”, señaló.
El siguiente momento clave fue el 20 de mayo 2021, cuando “todo el sistema comenzó a articularse” en el sentido de judicializarse en el sentido de imputar delitos falsos a los hoy condenados.
La abogada dejó en claro las notorias violaciones al debido proceso entre las que menciona: Citaciones con menos de 24 horas de anticipación, prohibir la entrada de abogados defensores para asistirlos en entrevistas, no informar de los cargos por los cuales estaban siendo investigados, entre otros.
“Acudimos al Tribunal de Apelaciones de Managua para presentar un recurso de exhibición por la amenaza de una detención ilegal. En un solo día nos rechazaron los recursos y la detención de Marcos Fletes y Walter Gómez, vino a continuación, sin orden de allanamiento, sin autorización judicial”, expresó Benavides.
Añadió que se anunció la detención por 90 días, con la “excusa” de que usarían ese tiempo para ampliar la investigación. Aunque dijo que fueron “meses en que nuestros representados jamás tuvieron contacto con nosotros”.
“En el caso de Cristiana, una entrevista 8 de junio luego de una audiencia preliminar en su casa de habitación también se le impuso un defensor público”, insistió.
Los abogados defensores durante los juicios políticos fueron sometidos a registros corporales, no se les permitía el acceso a celulares, relojes o computadoras. “Todo el procedimiento plagado de nulidades y arbitrariedades que culminó en una sentencia de condena, multas astronómicas y desproporcionadas”, remarcó la abogada.
