Redacción / IP Nicaragua
El gobierno de Suiza sancionó a siete funcionarios del gobierno «ilegítimo» de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a sus hijos Camila y Laureano, quienes también fueron designados hace dos semanas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Las sanciones de Suiza incluyen a los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; Nahima Díaz, hija del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz y el superintendente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Luis Ángel Montenegro.
Además se sancionó al Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor), la Policial Nacional y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Los sancionados, según Suiza, son responsables de «graves violaciones de los derechos humanos, incluida la represión de la sociedad civil, el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho».
La medida se produce en un momento de aislamiento internacional de Ortega y Murillo a quienes se les acusa de ser reelectos mediante unas elecciones que no gozaron de ninguna transparencia.
Las personas designadas están sujetas a una congelación de activos, y se prohíbe a los ciudadanos y empresas de Suiza poner fondos a su disposición.
Los funcionarios designados también están sujetas a una prohibición de viajar o transitar en ese país.
Las personas sancionadas son las mismas que fueron designadas el pasado 10 de enero por la Unión Europea, el mismo día de la toma de posesión de Ortega y Murillo.
Suiza señaló que Camila Ortega Murillo es responsable de utilizar la plataforma de Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021.
La hija de Ortega y Murillo creó «cuentas falsas en diferentes plataformas de medios sociales», señaló Suiza.
Mientras que Laureano Ortega Murillo, como hijo de la pareja presidencial, «ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes de la oposición política nicaragüense y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de terroristas”.
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