Miembros de la Policía Nacional custodian el centro de detención conocido como "El Chipote", lugar donde fueron recluidos muchos de los arrestados tras manifestantes antigubernamentales de 2018; en Managua, Nicaragua, el 25 de abril de 2018.
Un programa de vigilancia dado a conocer recientemente por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua denominado “Seguridad que garantice la paz” ha despertado desconfianza y temor entre opositores y expertos en el país centroamericano.
El programa se anunció hace una semana por la vicepresidenta del gobierno y primera dama, Rosario Murillo, y exhibido como una iniciativa que busca la seguridad ciudadana.
“Tenemos el programa que está desarrollando la Policía Nacional y el Ministerio de Gobernación, que han visitado ya a 43.000 madres de familia con todos los temas relacionados con la seguridad en el hogar, en la Familia y seguridad ciudadana”, dijo la vicejefa del gobierno.
Murillo no precisó las ciudades en que se lleva a cabo el programa. Funcionarios del gobierno recorren las viviendas, indicó.
La iniciativa es vista como un mecanismo de vigilancia, teniendo en cuenta que Nicaragua es escenario de fuertes restricciones por parte del gobierno de Ortega contra los grupos opositores, la prensa independiente, aspirantes a candidatos presidenciales, así como otros actores de la sociedad civil y la Iglesia Católica.
Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, dijo que como resultado de la medida crece «el sentimiento de temor e inseguridad entre la población, el temor de la población a la violencia política que el Estado ejerce sobre la ciudadanía”, dijo a la Voz de América.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó recientemente sobre «represión» del gobierno de Ortega contra la disidencia interna.
Según la ONU, al menos 63 personas fueron detenidas «de forma arbitraria» en el mes de mayo en Nicaragua, de ellas, 55 en una sola noche, recogió The Associated Press.
“Durante sus audiencias de custodia, ninguno de los 55 acusados tenía un abogado de su elección y en su lugar fueron representados por un defensor público que se les impuso”, denunció Marta Hurtado, portavoz de la oficina de la ONU.
El analista Ricardo Baltodano considera que la intención del programa anunciado por Murillo es implementar mayor vigilancia sobre la ciudadanía e identificar a los opositores del gobierno.
“La señora Murillo oficializó los niveles brutales de persecución que han desatado como mecanismo alternativo a la prisión generalizada”, señaló Baltodano.
La Policía Nacional, una de las instituciones encargadas de las visitas a las viviendas, es una de las entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos.
“Todo centrado en provocar un terrible miedo a la población y una parálisis política interna”, concluyó Baltodano.
Desde 2018 en Nicaragua la crisis política aumenta, desde que una rebelión cívica fue reprimida con violencia por la policía y fuerzas paramilitares, dejando más de 300 muertos, miles de 2.000 heridos y al menos 100.000 exiliados, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Con información de la Voz de América
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