Panama's President Ricardo Martinelli poses after addressing the Latin America and the Caribbean International Economic Forum at the French Economy Ministry in Paris on May 31, 2013. AFP PHOTO ERIC PIERMONT (Photo credit should read ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images)
El régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, a quien el Tribunal Supremo de Justicia, la semana pasada, confirmó una sentencia de 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de dinero.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen solicitó al Gobierno panameño «brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua», se lee en un comunicado que emitió este 7 de febrero.
El exmandatario tenía aspiraciones de volver a la presidencia de Panamá, pero está inhabilitado en virtud del artículo 180 de la Constitución panameña tras el proceso judicial en su contra.
La decisión, según el régimen , se tomó de conformidad a lo que establece la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.
«El Gobierno de la República de Nicaragua ha decidido otorgar asilo al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, ex-presidente de la República de Panamá», dice la nota de prensa de la Cancillería.
El asilo político otorgado al exmandatario panameño tiene lugar una semana después que la Corte Suprema rechazó un recurso de casación que interpuso Martinelli sobre un caso de corrupción en su contra vinculado a la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso New Business.
La sentencia, que le impone una pena de 128 meses de prisión, señala su papel en el uso de fondos públicos para comprar un conglomerado de medios y recibir una participación mayoritaria.
En la misiva enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, Nicaragua explicó que Martinelli pidió el asilo en la Embajada de la República de Nicaragua de ese país, a cargo de la periodista Consuelo Sandoval, “por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo su vida, integridad física y seguridad”.
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