La ley fue aprobada el pasado 15 de octubre por la Asamblea Nacional controlada por legisladores afines al presidente Daniel Ortega.
Voz de América
Diversas organizaciones opositoras de Nicaragua interpusieron hasta el viernes al menos dos recursos por inconstitucionalidad en contra de la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
La normativa, que algunos llaman “Ley Putin” por la similitud que tiene con normativas rusas, fue aprobada el pasado 15 de octubre por la Asamblea Nacional controlada por legisladores afines al presidente Daniel Ortega, y establece multas y sanciones a quienes el gobierno considere que intervienen en “actividades o temas de política interna”.
Los recursos interpuestos el jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab); el Movimiento Renovador Sandinista (Mrs), conformado por exaliados al presidente Ortega y la oenegé Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), cuya personería jurídica fue clausurada en diciembre de 2018, ocho meses después del estallido social en Nicaragua.
Mientras que este viernes dos movimientos feministas más se sumaron a interponer otro recurso de inconstitucionalidad a Ley.
Violeta Granera, quien en su calidad de representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco se presentó a interponer el recurso, señaló a la Voz de América que la normativa es absurda pues a su juicio pretende tener bajo vigilancia cualquier transacción que se pueda realizar a las organizaciones opositoras, violando así los derechos civiles y políticos.
“Estamos interponiendo este recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros porque es una ley absurda. Tiene un sentido violatorio a los derechos humanos y pretende coartar la posibilidad de seguir trabajando por Nicaragua, y particularmente dificultar e imposibilitar la organización ciudadana y organización política que es un derecho civil y político amparado por la Constitución Política”, enfatizó Granera a la VOA.
Indicó que la Ley apunta a centralizar cualquier ayuda que las organizaciones puedan aportar, incluso en situaciones catastróficas como los huracanes y terremotos, pues según lo establecido en uno de sus artículos, quienes reciban fondos de gobiernos u organismos internacionales deberán reportarse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, previo a la aprobación de la Ley, hubo modificaciones que contemplan la excepción a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las Misiones Diplomáticas, Organismos Internacionales, Agencias de Cooperación Internacional, medios de comunicación internacionales y sus corresponsales, y personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas en el país.
Pero a juicio de Suyen Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (Mrs) las excepciones son superficiales y añade que esta Ley es la más amplia de un tridente de Leyes aprobadas por el Poder Legislativo de Nicaragua.
“Es la ley más amplia del tridente de leyes aprobadas. Esta Ley viola más de diez artículos de la Constitución y pretende perseguir a oenegés, medios de comunicación y cualquier persona que la dictadura considere”, agregó Barahona a la VOA.
A pesar de los recursos interpuestos, las activistas recalcan que tienen pocas esperanzas de obtener una respuesta o resolución de la Corte Suprema de Justicia, pues señalan que en Nicaragua no hay independencia en los poderes del Estado.
“Nosotros no tenemos expectativas de que se vaya resolver esto porque estamos en una dictadura donde no hay ninguna independencia de los poderes del Estado, pero es una acción importantísima porque queda un registro del rechazo ciudadano”, indica Violeta Granera, quien añade que además se trata de completar un requisito para pasar luego emprender una denuncia internacional.
Desde que se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, diversas organizaciones nacionales y oenegés han mostrado su preocupación por la estigmatización a la ayuda y cooperación internacional.
Entre estos está el Secretariado de ONG internacionales (SONGI), que emitió una carta pública señalando que gestionan cada año más de 25,5 millones de dólares en cooperación solidaria, que llega hasta las comunidades más remotas del país para contribuir en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición y la seguridad alimentaria. Esta ONG está en el grupo que se verá en riesgo para continuar con su accionar debido a la Ley.
El líder de SONGI señala que la normativa obliga a los que sean considerados agentes extranjeros, a mostrar reportes mensuales que podrían ser imposibles de manejar, “dada la enorme cantidad de personas que tendrían que registrarse, los complicados procedimientos y la corta periodicidad que se establece”.
Foto portada: Houston Castillo, VOA.
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