Voz de América
Las recientes acciones del Gobierno de Nicaragua contra opositores y candidatos presidenciales a pocos meses de las elecciones generales, ha concentrado la atención, los comentarios y opiniones en los temas políticos.
Pero en la otra cara de esta crisis política está el impacto socioeconómico en los hogares nicaragüenses y en la mayoría de las empresas y sus dirigentes que sufren la embestida del Estado junto a los altos impuestos, las bajas ventas, y los elevados costos del combustible y las tarifas eléctricas.
Recientemente el Gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social.
Entre ellos se encuentran José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 empresarios más importantes de Nicaragua. Según apunta el analista político y economista Enrique Sáenz, esta persecución sobre las elites económicas tendrá impactos serios en la economía nacional.
«Los empresarios están prensados por una parte frente a la voluntad dictatorial de Ortega y por otra parte, la viabilidad de sus negocios. Hay que decir que Ortega habla de antiimperialismo, pero nunca, nunca, la economía de Nicaragua, ni con (Anastasio) Somoza, ni con doña Violeta (Chamorro), nunca la economía de Nicaragua ha estado más atada y dependiente de la economía norteamericana que con el antiimperialista Ortega», dijo Sáenz.
Para Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el sector necesita mantener la sostenibilidad de las empresas.
“Esta crisis sociopolítica ha dejado a más de 3.000 empresas sin operar y se han perdido más de 142.000 empleos formales entre marzo de 2018 y abril de 2021. Como COSEP queremos la sostenibilidad de las empresas, mantener y recuperar el empleo, fomentar la inversión”.
Por otra parte, también crece la preocupación por la amenaza de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica como solicitan senadores estadounidenses a consecuencia de las medidas represivas de Ortega.
Esta decisión tendría un gran impacto para el país, porque afectaría las exportaciones, el empleo, la actividad económica, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
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