Eran centros que ofrecían albergue y servicios médicos a mujeres en situación vulnerable. O espacios de pensamiento para el estudio de políticas públicas, la promoción del liderazgo, la democracia y el desarrollo local. O iniciativas para la conservación y desarrollo del medio ambiente, o la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, la niñez y adolescencia, la diversidad sexual, o de las poblaciones indígenas. Otras eran universidades o iniciativas de solidaridad, o asociaciones religiosas. También algunas eran residencias con una décadas de historia familiar.
Ahora son un nombre en una lista que cuatro años y medio después no para de crecer. El primer año –a finales de 2018– fueron nueve; en 2021, otras 60; en 2022, un total de 3107, y en los tres primeros meses de 2023 van más de 140. Todas son oenegés canceladas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que además ordenan la ocupación de sus propiedades y bienes, en una Nicaragua confiscada, a pesar de que el artículo 44 de la Constitución Política, aprobado en la reforma constitucional de 1995, prohíbe de forma taxativa las confiscaciones: “Se prohíbe la confiscación de bienes”, dice el artículo. “Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, añade.
De las 3321 oenegés canceladas de noviembre de 2018 a marzo de 2023, medio centenar han sido confiscadas, con un total de 87 propiedades verificadas por la alianza periodística integrada para esta investigación. Otras decenas de propiedades también han sido arrebatadas a medios de comunicación, empresarios y representantes del sector privado, sedes diplomáticas, y ciudadanos “desnacionalizados” por órdenes orteguistas, sumando más de un centenar y medio de propiedades usurpadas, en una trama en la que han participado una docena de instituciones públicas.
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La cancelación de miles de oenegés en Nicaragua se ha fraguado en una sola dependencia del Ministerio de Gobernación: el Departamento de Registro y Control de Organizaciones Civiles Sin Fines de Lucro. Allí, han llegado a dejar o presentar sus registros las organizaciones y asociaciones, pero –en todos los casos– los funcionarios se han negado a recibirles la información o les han exigido más documentos.
Este modus operandi ha sido denunciado por los directivos de las oenegés, y fue refrendado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), que en su informe final determinó que “Gobernación dejó de recibir la documentación o solicitó constantemente documentos adicionales a las organizaciones, forzándolas al incumplimiento de sus obligaciones legales”, para luego justificar su anulación.
Esa dependencia de Gobernación está dirigida por Franya Urey Blandón, cuya firma aparece en todas las solicitudes de cancelación de oenegés hechas a la Asamblea Nacional, donde acusó a las organizaciones de incumplir tres legislaciones: Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o ley 977.
Las solicitudes de cancelación de personería eran promovidas en la Asamblea Nacional por la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, cuyo presidente Filiberto Rodríguez López, firmó y presentó todos los decretos a través de los cuales se eliminaron oenegés y universidades.
La vía de anulación entre Gobernación y Asamblea Nacional, funcionó hasta mediados de 2022. A finales de marzo de ese año, el Parlamento aprobó la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), con lo que facultó directamente a Gobernación el poder de autorizar o cancelar personerías jurídicas a través de acuerdos ministeriales.
El 24 de agosto de 2022 fue la última vez que la Asamblea Nacional eliminó oenegés. Fueron cien organizaciones, señaladas de incumplir la Ley 1115 y de no registrarse como agentes extranjeros. Ese mismo día, se publicó en La Gaceta Diario Oficial el acuerdo ministerial 01-2022-OSFL, a través del cual María Amelia Coronel Kinloch, ministra de Gobernación, canceló su primer centenar de oenegés.
De ahí en adelante, el procedimiento ha sido el mismo: el Departamento de Registro y Control acusa a las oenegés de “no reportar su estados financieros, detalle de donaciones y juntas directivas”, y la ministra Amelia Coronel Kinloch la manda a cerrar.
Tras la anulación vía parlamentaria o ministerial, es el momento de actuar de la Policía Nacional, cuyos oficiales allanan las instalaciones de las oenegés. Esta toma ilegal puede darse el mismo día de la cancelación de la personería jurídica o tardar días, mientras tanto rodean y mantienen bajo vigilancia las instalaciones. Juegan con el elemento sorpresa.
En paralelo con la institución policial, la Procuraduría General de la República bloquea los registros de las propiedades y confisca ilegalmente el patrimonio de las organizaciones. La Ley 1115 establece en su artículo 47 que el Estado se quedará con las propiedades de las oenegés cuando la personalidad jurídica haya sido cancelada por ocho causales, entres ellos “cuando tenga al menos un año de incumplimiento ante la autoridad de aplicación al no reportar estados financieros y cambios en la junta directiva”.
Una docena de instituciones públicas participan como cómplices de las confiscaciones de propiedades privadas en Nicaragua, pero cuatro son los funcionarios que sobresalen en la ejecución de estas.
La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, ha firmado todos los acuerdos ministeriales a través de los cuales han cancelado oenegés, cámaras empresariales y universidades.
Desde 2017 funge como titular de Gobernación. Entre 2007 y 2016 trabajó como “ministra consejera con funciones consulares de la embajada de Nicaragua en Panamá”, según la carta del canciller nicaragüense.
Coronel Kinloch es sobrina de Manuel Coronel Kautz, quien ha desempeñado diversos cargos en la Administración orteguista. Fue vicecanciller y, desde 2012 fue nombrado por la Asamblea Nacional como presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, del fallido proyecto de Ortega con el desconocido empresario chino Wang Jing. En la actualidad, también funge como director de la sancionada Petróleos de Nicaragua (Petronic).
Tres de los hermanos de la ministra han tenido altos cargos dentro del régimen. Ian Coronel Kinloch fue designado el 28 de junio de 2022 como nuevo embajador en la República Popular de China. Rodrigo Coronel Kinloch ostentó el puesto, hasta mediados de marzo de 2023, de embajador ante los Gobiernos de Corea del Sur, Filipinas y Tailandia. Carlos Coronel Kinloch fue relacionado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna), según una investigación de La Prensa.
El abogado y diputado del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea Nacional Filiberto Jacinto Rodríguez López, tiene 62 años y desde la presidencia de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento ha firmado y presentado todos los decretos a través de los cuales se han cancelado las oenegés y universidades.
Rodríguez ha sostenido en el plenario que las oenegés afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, sin presentar ninguna prueba.
En los últimos veinte años ha sido diputado en la Asamblea Nacional. Ingresó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 y desde entonces se mantiene fiel al partido.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) –una de las primeras oenegés canceladas, en 2018– ha señalado al diputado de ser uno de los principales represores de 2018, en la ciudad de León, en el occidente del país. A él lo responsabilizan de la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) y de Radio Darío, un señalamiento que no ha sido investigado por la Policía orteguista ni por el Ministerio Público.
Según uno de los informes presentados por el Cenidh, en mayo de 2018, acuerpado por la Policía orteguista, Rodríguez amenazó a unos estudiantes que protestaban. “Están jugando con fuego, no sean irresponsables, ni te creás líder porque te vamos a desturcar”, dijo.
El 20 de abril de 2018, el mismo día de la quema del CUUN, el director de la quemada, cerrada y confiscada Radio Darío, Aníbal Toruño, denunció la quema de su medio de comunicación y responsabilizó a Rodríguez de estar detrás de este hecho.
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Wendy Carolina Morales Urbina, es señalada de legitimar las confiscaciones de propiedades a ciudadanos, empresas y organizaciones, para favorecer al régimen.
Morales Urbina fue nombrada el 9 de mayo de 2019, pese a que legalmente no cumple los requisitos para ser procuradora. La Ley 411 o Ley Orgánica de la PGR establece, en su artículo nueve, que para ostentar el cargo el abogado tiene que haber ejercido la profesión, “por lo menos”, unos diez años. Morales fue incorporada como abogada y notaria a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en julio de 2018.
Fuentes de la PGR comentaron a los medios independientes que la procuradora es conocida por su “fidelidad” y “devoción” hacia Ortega y Murillo, y detallaron que entró a la institución como secretaria, en 2017, y luego ascendió rápidamente para encargarse de temas administrativos, hasta ostentar el puesto de asistente del exprocurador Hernán Estrada.
El papel de la procuradora ganó notoriedad en 2022, luego que se encargó personalmente de entregar a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y al Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), las escrituras de propiedad de unos edificios confiscados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al diario La Prensa, respectivamente.
La maestra Ramona Rodríguez es presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Es señalada de expulsar sin justificación a centenares de estudiantes universitarios que participaron en las protestas de 2018, y fue nombrada presidenta del CNU en agosto de 2019.
Desde el CNU, Rodríguez ha ordenado la suspensión del 6% constitucional para la Universidad Centroamericana (UCA). Además ha avalado el cierre de decenas de universidades privadas.
Según el perfil académico publicado en el sitio web de la UNAN – Managua, Ramona Rodríguez posee un máster en Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene una especialidad en Metodología de la Investigación Científica y es licenciada en Ciencias de la Educación.
Además, fungió como directora de la Facultad Regional de Estelí desde 1994 hasta 2010. Luego, fue electa como vicerrectora general en el recinto de Managua y desde marzo de 2015 es la rectora de ese recinto.
“Hay videos en los que aparece arengando y amenazando a los estudiantes con quitarles becas si participa en marchas”, dijo Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH).
La noche del miércoles 8 de noviembre de 2006, tres días después de las votaciones presidenciales de ese año, Daniel Ortega celebró en un acto público su regresó al poder, dieciséis años después de su derrota en 1990.
En un discurso en la rotonda Rubén Darío, de Managua, el caudillo sandinista llamó a sus simpatizantes a “respetar la propiedad” y no “tomarse las tierras”.
“No se debe ocupar propiedades pequeñas, medianas ni grandes. Hay que respetar la propiedad. Los campesinos recibirán tierras de manera ordenada: el Estado va a comprar las tierras y se las va a entregar con financiamiento, con su título, con sus implementos agrícolas, para que se pongan a producir en beneficio de nuestro país”.
Daniel Ortega, en noviembre de 2006, entonces presidente electo.
“Estamos a dos meses y dos días de tomar posesión —prosiguió—, en estos dos meses y dos días que no se presenten tomas de tierras; los que necesitan tierra para levantar su lote, que los alcaldes levanten la lista que les vamos a cumplir, pero de manera formal”.
Según una publicación de La Prensa, esa noche Ortega afirmó que tiene una “deuda” con los campesinos pobres que demandan tierras para trabajar, pero que “no es con la ocupación” que se va a saldar esa deuda.
Sin embargo, de 2018 a la fecha, Ortega no solo ha permitido la toma de tierras, sino que ha ordenado la confiscación de propiedades privadas a oenegés, “desnacionalizados” y “desterrados”, el sector privado y empresarios, oficinas diplomáticas y medios de comunicación.
El artículo 44 de la Constitución Política garantiza “el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción” y establece que la expropiación debe ser de acuerdo a la ley y “previo pago en efectivo de justa indemnización”.
Explícitamente, agrega que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que “los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”. Pero para cientos de nicaragüenses esta garantía no existe por las mismas órdenes de Ortega, y viven en la amenaza permanente de una Nicaragua confiscada.
Imágenes de las inauguraciones oficialistas o vigilancia en instalaciones confiscadas a Puntos de Encuentro, La Corriente, Expica, CISAS, el Movimiento María Elena Cuadra, el Colectivo de Mujeres Matagalpa y la Universidad de América Latina (Unival). // Fotos: Archivos
Datos preliminares sobre el costo de la cancelación masiva de oenegés, publicados en marzo de 2023 por la cancelada Fundación del Río, estiman pérdidas económicas millonarias, pero el mayor impacto es en la población.
oenegés canceladas entre noviembre de 2018 y marzo de 2023.
en pérdidas económicas por la cancelación masiva.
de ciudadanos que eran beneficiados por oenegés fueron afectados.
desempleados por la persecución y cierre obligatorio de oenegés.
Ana Quirós Víquez lleva cuatro operaciones y cinco años con fisioterapias, pero aún no recupera la movilidad plena de su mano derecha, lesionada en la brutal golpiza que le dieron turbas del Frente Sandinistas durante la primera protesta contra las reformas a la Seguridad Social, impuestas por Daniel Ortega, el 18 de abril de 2018, en el sector de Camino de Oriente, en Managua.
Quirós fue una de las primeras víctimas de la represión. La golpearon en la cabeza, le fracturaron la muñeca y casi le desprendieron el meñique derecho. A finales de noviembre de ese año, fue la primera nicaragüense despojada de la nacionalidad nicaragüense y desterrada. Una patrulla policial la llevó esposada a la frontera con Costa Rica para entregarla a las autoridades de ese país.
“Yo me gané la nacionalidad nicaragüense y me sigo sintiendo nicaragüense. No importa cuántas veces me quiten la nacionalidad, eso es algo que yo decidí y que no me lo van a quitar ni con un papel ni con 500 papeles”, afirma la feminista y defensora de derechos humanos, ahora radicada en Costa Rica, la nación de sus padres.
Especialista en salud pública, Quirós se presenta como costarricense y nicaragüense. Es directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea de Ortega y Murillo, apenas tres días después de que la expulsaran a ella.
A CISAS le confiscaron dos casas grandes en Bolonia, mobiliario, equipos informáticos, entre otros bienes, cuyo valor ronda el millón de dólares, “porque no pudimos sacar absolutamente nada, y sobre todo, digamos, la historia de casi 40 años de trabajo dedicadas a la protección de los derechos humanos, del derecho a la salud y de lucha contra la violencia”.
La presión llegó desde diferentes instituciones del Estado, incluso el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales llegó a “supervisar” a CISAS y, dice Quirós, “uno se pregunta, bueno, una oenegé de salud con el Marena, de dónde, y supuestamente fue que recibieron una denuncia de que nosotros habíamos cortado un árbol sin permiso (…) entonces sí, vimos una política de acoso y de hostigamiento sistemático durante todo el Gobierno de Ortega”.
Según Quirós, Ortega tiene una “factura histórica” contra las oenegés feministas en Nicaragua: “el respaldo a la denuncia (de violación) de Zoilamérica (su hijastra en 1998). Fuimos de las primeras en solidarizarnos y acompañar esa denuncia…”, rememora.
A marzo de 2023, son más de 300 nicaragüenses despojados ilegalmente de su nacionalidad, desterrados u obligados al exilio: políticos, sacerdotes, abogados, médicos, defensores de derechos humanos, periodistas, entre otros. Otro de ellos es Amaru Ruiz Alemán, ambientalista y presidente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, mejor conocida como Fundación del Río.
La Fundación del Río es una de las organizaciones canceladas y el régimen la ha despojado de, por lo menos, 22 propiedades, incluyendo dos radios comunitarias, un hotel y al menos dos áreas de conservación con una extensión de 750 hectáreas de bosque. Además, arrebató tres propiedades a la familia de Ruiz, quien está exiliado desde 2018 y fue uno de los 94 nicaragüenses declarados “apátridas” a mediados de febrero de 2023.
El activista estima que las expropiaciones a la Fundación del Río superan los 1.5 millones de dólares, sin incluir los costos de los trámites legales que han realizado dentro y fuera del país, así como otros perjuicios.
Ruiz subraya que para la venganza contra la Fundación del Río hubo “dos parteaguas”. El primero, su posición contra el proyecto (ya fallido) del Canal Interoceánico, y el segundo, la denuncia del incendio y la negligencia estatal con la Reserva Biológica Indio Maíz, a partir del 3 de abril de 2018.
La Fundación del Río, detalla, ha emprendido acciones legales en Nicaragua y en el extranjero.
“Agotamos las vías legales incluso ante las instituciones locales”, afirma, enumerando procesos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Programa Regional Feminista La Corriente es otra de las organizaciones canceladas. La despojaron de la personería en el primer semestre de 2022. Su directora, la socióloga María Teresa Blandón Gadea considera que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, impuesta por el régimen orteguista carece de sustento constitucional y persigue eliminar a las oenegés.
Señala que, si bien podría calcular las pérdidas económicas de La Corriente, “lo que nos pesa es la pérdida simbólica y política que eso (despojo) supone”.
“La Corriente es un símbolo. Ese lugar es un símbolo… lo que nos robaron al quitarnos la personería jurídica y el local son derechos fundamentales, es el derecho a la libertad de asociación, es el derecho a la libertad de organización, es el derecho a la libertad de expresión, que son valores democráticos vitales para quienes no estamos dispuestas a aceptar una dictadura”, valora Blandón.
El despojo de los bienes fue antecedido por meses de asedio, a cargo de policías y paramilitares. Blandón cuenta que “había momentos particulares” en los que era “vigilada”, y con el incremento del asedio, “incluso entraron a mi casa de noche y dejaron pintas en el muro, en las paredes de mi casa, insultándome. Eran insultos de carácter sexista, misógino y también homófobo, me insultaron con pintas y hasta con dibujos en las paredes, eso no lo hace un delincuente común que lo que quiere es robar. En ese mismo período dejaron, en la terraza de mi casa, vísceras de animales, en una clara amenaza de muerte”.
Además de las 87 propiedades de oenegés confiscadas entre noviembre de 2018 y marzo de 2023 que confirmó esta investigación, en Nicaragua hay al menos otro medio centenar de propiedades confiscadas a medios de comunicación, empresarios, sedes diplomáticas y nicaragüenses “desnacionalizados” y “desterrados” por órdenes orteguistas.
La nueva estrategia de represión y venganza política de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluye el despojo de la nacionalidad y derechos ciudadanos de los nicaragüenses que denuncian las violaciones y atropellos de su dictadura. El zarpazo además revive el fantasma de las confiscaciones en Nicaragua, que ya se vivió en el primer Gobierno del FSLN.
El 15 de febrero de 2023, la dictadura orteguista despojó de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, señalados por el supuesto delito de “traición a la patria”.
La sentencia ordena el “decomiso a favor del Estado de Nicaragua” de todos los bienes inmuebles y sociedades que los señalados tengan inscritas a su favor.
A los nicaragüenses, la medida confiscatoria les recuerda las confiscaciones ejecutadas por el Gobierno sandinista en los años ochenta de empresas, fincas productivas, casas y bienes inmuebles, que posteriormente generaron una millonaria deuda pública al Estado para indemnizar a los confiscados y expropiados, y “la Piñata” de finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, cuando el FSLN promovió que funcionarios y simpatizantes se apoderaran de bienes públicos y privados confiscados.
El abusivo comportamiento estatal se extendió a partir de 2018 contra instituciones que denuncian los abusos del régimen, organizaciones no gubernamentales, universidades, medios de comunicación y ciudadanos.
A inicios de noviembre de 2018, unos 40 “tomatierras” armados y patrocinados por el oficialista Frente Sandinista, se tomaron las fincas Chatilla, Santa Lucía y Zopilote, que suman unas 200 manzanas ubicadas en Buenos Aires, Rivas, y dedicadas a la siembra de caña de azúcar y plátano.
La legítima dueña de las propiedades es Esperanza Lacayo de Healy, madre del excarcelado político Michael Healy, quien era el administrador de las fincas. En ese entonces, el productor era presidente de Upanic, aunque luego llegó a la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
La vicepresidenta Rosario Murillo anunció en febrero pasado que, en la finca Challita, instalarían un centro para el desarrollo de tecnología agropecuaria, que llevará el nombre de “Comandante Ezequiel”.
Los medios de comunicación CONFIDENCIAL y 100% Noticias fueron los primeros asaltados y confiscados en diciembre de 2018. El robo fue consumado en febrero de 2021, en complicidad con el Ministerio de Salud (Minsa), que instaló una supuesta casa materna y un centro de rehabilitación en sus instalaciones respectivas.
En las instalaciones de CONFIDENCIAL, el Minsa inauguró la “Casa Materna Camila López”, que un equipo de este medio confirmó que luce vacía y se trata de una fachada.
La confiscación contra medios de comunicación se extendió en agosto de 2021 al diario La Prensa, incluyendo sus edificios, terrenos, rotativa e imprenta comercial, donde han anunciado para abril la inauguración del “Centro Cultural José Coronel Urtecho”, a cargo del Inatec. En un recorrido a mediados de marzo, se observó la fachada del edificio rodeada de láminas de zinc que dificultan ver hacia el interior de la antigua sede del diario más antiguo de Nicaragua, mientras la entrada y salida de vehículos cargados con material de construcción es constante.
También fueron confiscados Radio Darío, de León, junto con propiedades de la familia de su director Aníbal Toruño, y Radio Vos, de Matagalpa.
Las confiscaciones también alcanzaron a un par de sedes diplomáticas en Managua. Tras la abrupta ruptura con Taiwán para restablecer relaciones con China, en diciembre de 2021, la dictadura orteguista impidió que el Gobierno de la isla donara la propiedad a la Arquidiócesis de Managua de la Iglesia católica, y la PGR comunicó que todos los bienes inmuebles y equipos de la sede de la embajada taiwanesa debían pasar a manos de China.
Al siguiente año, el 24 de abril de 2022, el régimen ordenó la ocupación del edificio alquilado donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA), en las Sierritas de Santo Domingo, en la zona sur de la capital. La sede diplomática fue ocupada por agentes de la Policía y al día siguiente la Procuraduría envió un ultimátum a la OEA ordenando el desalojo inmediato de los bienes. La acción fue calificada por el Secretario General del organismo, Luis Almagro, como un “antecedente peligroso”.
El 23 de febrero de 2023, la presidenta del CNU y rectora de la UNAN – Managua, Ramona Rodríguez, inauguró en las instalaciones confiscadas la “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto”, después de que la dictadura anunciara ahí un supuesto “museo”.
La casa de habitación de la periodista y socióloga, Sofía Montenegro, exdirectora del cancelado Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), fue una de las primeras propiedades confiscadas el 18 de febrero, tras conocerse la resolución judicial que ordenó la anulación ilegal de la nacionalidad de 94 nicaragüenses. Otros quince apartamentos ubicados en el mismo complejo habitacional “Amazonia”, en Reparto San Juan, de Managua, fueron confiscados por órdenes de la dictadura.
Así, los propietarios de los otros apartamentos del complejo fueron expropiados, pese a que no están en la lista de los 94 desnacionalizados.
El 1 de marzo de 2023, la Procuraduría General de la República citó a las terceras personas que se encontraban ocupando los “inmuebles decomisados” para “formalizar con el Estado de Nicaragua su estatus ocupacional”.
La activista y excarcelada política exiliada en Estados Unidos, Irlanda Jérez, quien encabezó el movimiento autoconvocado de desobediencia civil en 2018, también fue desnacionalizada y confiscada por el régimen, según denunció en redes sociales.
El excarcelado e integrante del Movimiento Cívico de Masaya, Cristhian Fajardo, sufrió la confiscación de tres propiedades: un hotel, una casa conjunta a esa propiedad y su vivienda.
“Intenté vender, en dos momentos el Hotel Masaya, con dos personas serias. Se habló bastante, se hicieron negociaciones, ellos con sus abogados y yo con el mío, pero de pronto dejaron de comunicarse, dejaron de contestar nuestras llamadas. Imagino que fue porque fueron a las instituciones de la dictadura —porque así es cuando vas a comprar algo, tenés que reportarlo e irlo a inscribir— y no se pudo”, detalló Fajardo, quien se encuentra en el exilio.
Por su parte, el líder campesino Freddy Navas, a quien despojaron de su nacionalidad el 9 de febrero cuando fue desterrado de Nicaragua a Estados Unidos con otros 221 presos políticos, también denunció que confiscaron su vivienda, que tenía en alquiler. Sin embargo, aclaró que la dueña de esa propiedad era su esposa.
Un nicaragüense que alquilaba una propiedad perteneciente a otro de los presos políticos desterrados, relató para esta investigación que, tras la resolución orteguista, tomó la decisión de sacar de forma inmediata sus pertenencias y bienes inmuebles, antes de una posible confiscación en la vivienda, ubicada en una de las zonas de alta plusvalía en Managua.
“No le debo nada a nadie, pero a cómo va la situación en el país, uno nunca sabe qué puede pasar”, dijo, mientras recordaba con zozobra el momento en el que se enteró que el dueño del inmueble fue despojado de su nacionalidad y sería otra víctima de la Nicaragua confiscada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
*Este reportaje se realizó por una alianza de medios y periodistas nicaragüenses con una beca de producción ofrecida por CONFIDENCIAL.
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