En medio de un plan de censura, castigo y venganza ordenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades en Nicaragua, entre 2021 y 2023, cancelaron 30 casas de estudios superiores.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), con sede en Argentina, en su informe «Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos», revela que la personalidad jurídica de las universidades fueron «canceladas arbitrariamente» por la Asamblea Nacional o por el Ministerio de Gobernación.
Lo anterior, según Calidh, constituye crímenes de lesa humanidad de persecución política. En 2022 el régimen mantuvo un «ritmo imparable del Estado para cancelar universidades», es decir ese año fue «récord».
En ese entramado de la disolución de universidades y en un futuro proceso tienen «responsabilidad penal» María Coronel Kinloch, ministra de gobernación; Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Wendy Morales, procuradora general de la república, entre otros funcionarios.
Según Calidh, el régimen nicaragüense se asoció ilícitamente en un «engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción».
«Así como los nazis usaron al Estado, sus estructuras y funcionarios completamente para la destrucción del espacio civil de Alemania en los primeros años de esa dictadura y después a millones de víctimas, el régimen nicaragüense se asoció ilícitamente en un engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción», refiere el informe.
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«Furibundos» contra universidades de Nicaragua
Calidh recordó que Ortega y Murillo actuaron «furibundos» contra las universidades y ordenaron a Gustavo Porras decretar la cancelación de las primeras universidades y después esta «tarea ilegal» la asumió la ministra de gobernación, María Coronel Kinloch.
Porras desde el «Parlamento mimético» aprobó una serie de leyes y perfeccionó el mecanismo “jurídico” para sustentar la disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos las cancelaciones que perpetraba Coronel.
Simultáneamente, Ramona Rodríguez y, poco después, Maribel Duriez, desde el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación respectivamente, enviaban “recomendaciones y justificaciones” para solicitar la disolución de otras universidades.
El informe detalla que una vez canceladas las personerías jurídicas de las universidades, Rodríguez junto a la procuradora de la república, Wendy Morales, se encargaron de “trasladar los bienes al Estado” y consumar “la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios».
Por otro lado, el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, suministró “la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para «hostigar, después, a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas”.
En este contexto, el régimen violó la libertad de asociación, de educación superior, libertad académica y no discriminación, reafirma Calidh.
