El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció una polémica normativa que obliga a todas las organizaciones no gubernamentales que operan en Nicaragua a trabajar exclusivamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales.
Según la nota de prensa dada a conocer este 16 de agosto, cada organización no gubernamental debe presentar a las entidades públicas, a través del Ministerio del Interior y/o de Cancillería de la República, según sea el caso, «propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares, de acuerdo a su definición y/o vocación».
No obstante, el régimen y las entidades del Estado «podrán, o no, aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las leyes de la República».
Establecen que solo «una vez que el proyecto se desarrolle, ejecute y cumpla a cabalidad, el organismo no gubernamental puede proponer otra (una nueva) alianza de asociación».
La normativa se presentó en un contexto de represión, cierre y confiscación de más de 3,600 organizaciones gubernamentales en el país.
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Con esta normativa, el régimen también dispuso que «ningún programa o proyecto de alianzas de Asociación, será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales».
De acuerdo a lo anterior, «toda propuesta se fundamente en un estricto propósito e intención de respeto y solidaridad», agregan.
Mientras por un lado el Ministerio del Interior sigue cancelando organizaciones no gubernamentales, el régimen con esta disposición reconoce la «contribución fraternal» que han hecho en el país.
La ministra del Interior, María Amelia Coronel, es la firma visible de la mayoría de cancelaciones de organizaciones en Nicaragua como la Cruz Roja Nicaragüense y entidades benéficas católicas.
En cada una de las cancelaciones corresponde proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
