Entre enero y junio de 2023, se registraron 50 femicidios de nicaragüenses, según cifras del observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Un total de 36 asesinatos por violencia machista ocurrieron dentro del país y 14 en el extranjero, indica el informe del primer semestre de 2023 del observatorio.
El informe detalla que enero se documentaron ocho femicidios, en febrero seis; en marzo y abril, aumentaron los crímenes hacia las mujeres en 12 y 10 respectivamente. En mayo reportan ocho y en junio seis.
Las víctimas tenían entre 1 y más de 60 años, indica el reporte divulgado este lunes. El mayor número de víctimas se contabilizó en las edades entre 18 a 35 años.
La relación de los agresores con la víctima era de pareja, en 18 casos; de exparejas (4), familiar (4), conocidos (7) y desconocidos (17).
En 2022, la organización Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 67 femicidios en el país. Lo que dejó a 62 niños y adolescentes en la orfandad como consecuencia de la violencia de género.
En el 2021 y 2020, Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 femicidios de enero a diciembre en cada año.
La organización que trabaja en la defensa de los derechos de la mujer afirma que no existen políticas efectivas para la prevención de la vida de las ciudadanas y los victimarios gozan de impunidad.
También señala que los esfuerzos realizados por el Gobierno no son suficientes para detener la violencia machista y lo que realizan es “propaganda política”.
El Gobierno hizo propaganda con una cartilla para prevenir los femicidios y continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que fueron cerradas en 2016 por reformas a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal.
Sin embargo, las defensoras feministas han dicho que estas acciones no compensan la ausencia de leyes, estrategias y políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia contra la mujer, garantizar justicia efectiva y acompañamiento adecuado a las víctimas.
A la desprotección contra las mujeres también se le suma el cierre de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en prevención de violencia y en la búsqueda de justicia.
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