Un total de 151 personas están detenidas por motivos políticos en Nicaragua, que incluye a 25 mujeres y 126 hombres.
El dato abarca también a 10 personas encarceladas antes de 2018, reflejando un patrón prolongado de represión.
Entre el 1 y el 31 de julio de 2024 se registraron al menos 13 detenciones arbitrarias motivadas por persecución política, informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
«Durante el mes de julio, la represión contra periodistas y medios de comunicación se ha intensificado considerablemente. Varios periodistas han sido arrestados y otros tantos han sido forzados al exilio, en un intento del gobierno por silenciar las voces críticas», informó la organización.
De acuerdo con la fuente, los familiares de los detenidos prefieren «no denunciar públicamente estos hechos debido a las amenazas recibidas por parte de las autoridades y el clima de terror instaurado en la sociedad».
Según la información, entre los presos políticos hay 25 personas adultas mayores que se enfrentan a la negación de atención médica y son sometidas a torturas psicológicas, encontrándose en un estado
de alta vulnerabilidad.
El Mecanismo también informó que la práctica de desapariciones forzadas en el marco del actual contexto de represión «ha empeorado».
Hay casos de «personas cuyo paradero es desconocido durante más de seis meses», añadió el organismo.
«Las familias de estos desaparecidos han sido privadas de cualquier información sobre su situación, lo que agrava su angustia y desesperación», señala la nota actualizada.
El listado de personas presas políticas en Nicaragua es construido por el Mecanismo y organizaciones de derechos humanos, familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas.
Desde 2018, el Mecanismo ha identificado 1,444 personas como presas políticas. En la última evaluación se determinó que existe un subregistro del número total de personas encarceladas debido a la falta de acceso a la información pública y como consecuencia del ambiente de represión y amenazas derivadas del estado policial que prevalece en el país.
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