Redacción / IP Nicaragua
Pese a la lucha histórica por erradicar la exclusión, marginación y discriminación en los pueblos que sufren las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, la situación es grave y sigue siendo invisibilizada, según defensoras d derechos humanos.
La violencia de género y la falta de protección a los derechos humanos individuales y colectivos de las mujeres de las comunidades indígenas y afrodescendientes sigue siendo una tarea pendiente.
IP Nicaragua conversó con dos defensoras de derechos humanos y activistas, quienes profundizan sobre los desafíos y obstáculos que enfrentan las mujeres de la Costa Caribe.
La abogada miskita y defensora de derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred, señaló que entre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en la Costa Caribe está la exclusión sobre todo en los espacios políticos.
“La exclusión por ser mujer lo sufren en los diferentes espacios, pero en el espacio político es más acentuado, lo ves en los diferentes niveles, en lo nacional, regional, territorial y comunal. Y si están en algún espacio no son las tomadoras de decisiones, siempre son los hombres”, expresó Alfred.
“Poco acceso a las políticas públicas para su autodesarrollo, a la tierra, a la educación, a la salud. Por ejemplo, aunque las tierras son comunales los ataques de los colonos son más acentuados en las mujeres”, agregó.
La activista feminista afrodescendiente, Finix Castillo Williams, opinó que a las mujeres multiétnicas de la región también enfrentan serios desafíos en cuanto al tema económico.
“Cuando hablamos de acceso laboral, acceso a emprendimiento hay mucho obstáculo que nos limitan para poder emprender. Además que la mayor parte de las mujeres que no tienen un estudio universitario tienen trabajos con ingresos súper bajos”, manifestó.
A este factor, la activista le suma “el nivel educacional al cual accedemos o al que tenemos posibilidades de acceder según nuestra zona de donde vivimos, si somos comunitarias o somos de la ciudad”.
Sobre la falta de protección de los derechos individuales y colectivos, Alfred agregó que “en la Costa Caribe es donde se ha registrado la mayor cantidad de feminicidios”.
Por otra parte resaltó “los delitos derivados de la violación a los derechos colectivos como la tierra».
«No son ni siquiera recepcionadas por las autoridades competentes, queden en la total impunidad”, denunció la activista.
Asimismo hizo hincapié en que “la situación es grave, no solo por la falta de políticas estatales que garantice estos derechos, sino por la falta de protección al derechos de propiedad comunal, de la cual derivan varias violaciones de derechos humanos por la invasión de los colonos”.
“Hay comunidades completas que han sido desplazadas como el caso de la comunidad Polo Paiwas que fue quemada y destruida por completo por colonos”, argumentó Alfred.
Castillo coincidió en que la situación es crítica, tanto para las niñas, niños, hombres y mujeres de las comunidades indígenas.
«Son despojados de sus tierras por el tema de la invasión de colonos en la región, la venta de propiedad de (y a veces) la doble venta de propiedad por parte de las autoridades comunitarias también”.
La activista mencionó que los pueblos indígenas se enfrentan actualmente a una situación de desprotección, tras el cierre de ONG por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Aquí en la región del Caribe Norte solo tenemos un albergue, en donde están niños, niñas y mujeres, y tenemos una zona muy amplia que cubrir, sin embargo este albergue es de parte de una organización, entonces, si este albergue cerrara o cancelaran esta ONG, estamos en gran desventaja”, añadió Castillo.
Con respecto a la violencia de género y la protección de niñas, jóvenes y mujeres, Alfred sostuvo que “no hay mecanismo de protección ante la violencia que viven las mujeres”.
De acuerdo con el último informe de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en los primeros cuatro meses del año se han documentado 22 femicidios.
La organización señaló que la zona del Caribe sigue siendo el territorio donde más muertes violentas contra mujeres ocurren en el país.
Castillo manifestó que a través de organismos en la zona del Caribe “se ha promovido mucho el tema de la violencia de género en espacios en donde se capacita a las mujeres».
«Hay conversatorios, charlas, replicas a adolescentes y jóvenes para que conozcan todo con lo relacionado al tema, de cómo surge la violencia, cómo identificarla y los tipos de violencia, cómo afecta a la salud mental de las mujeres, el rol de la mujeres según la sociedad y el tema del patriarcado”, dijo Castillo.
Otro factor que afecta a la mujeres sobre todo lo relacionado a la violencia de género “es el tema de la beligerancia en atención por parte de las instancias como la policía, el Ministerio de la familia y otras instituciones estatales”, lamentó la activista.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes todavía enfrentan problemas en cuanto a temas de salud.
Castillo aseveró que es una gran limitante en la zona del Caribe nicaragüense.
“No contamos con hospitales de calidad que tengan todos los servicios o que no suframos algún tipo de violencia dentro de estos espacios a los cuales queremos acceder”, dijo.
Alfred expresó que “en algunas comunidades ubicadas en Río Coco podemos decir que es inexistente, incluso en el casco urbano como en Bilwi se puede contabilizar un gran número de mujeres que mueren en el parto, por la poca y mala atención médica. Tiene mayor acceso a la medicina y conocimiento tradicional”.
La abogada miskita y defensora de derechos humanos, calificó el sistema de educación como “insuficiente” en la Costa Caribe.
Indicó que en el caso de las comunidades ubicadas en Río Coco, en los territorios como Wangki Twi – Tasba Raya, Li Aubra, Wangki Maya (municipio de Waspam), Karata, Twi Waupasa, Twi Yahbra, (municipio de Puerto Cabezas), Tuahka (municipio de Rosita) y Prinzu Awala (municipio de Prinzapolka), “la cobertura de los servicios de educación es inferior al promedio de la RACCN y presenta serios problemas de calidad”.
Alfred explicó que de 57 centros escolares que funcionan solo 18 de ellos, hay educación secundaria.
“En conversaciones con líderes de estos territorios, indican que solamente un 35% de niños en edad de educación inicial asisten a clases, por varias razones, mientras que, en educación primaria, se reconoce que un 90% de los niños están en la escuela, porcentaje que disminuye a partir del 4to grado debido al alto nivel de deserción que existe”, manifestó Alfred.
La cobertura se reduce drásticamente en educación secundaria ya que en el 65% de las comunidades no se brinda este nivel, y en donde funciona, se estima que menos del 50% de adolescentes en edad, estudian.
Alfred, expresó que en las comunidades indígenas de la Costa Caribe prevalece el empleo informal, el subempleo y trabajadores sin salario, “afectando a todas las personas en edad laboral especialmente a las mujeres”.
Los empleos formales que existen en las comunidades son los que corresponden a trabajadores del sector público en áreas de educación y salud.
«Siendo estas las únicas personas que gozan de seguridad social como maestros y personal médico (sobre todo enfermeras y auxiliares de enfermería), cuya labor se desarrolla directamente en las comunidades”.
Asimismo, comentó que “existe un reducido sector dedicado al empleo formal en las instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, pero están ubicadas en las cabeceras municipales especialmente en la ciudad de Bilwi, Waspam, Rosita y Prinzapolka en el caso del Caribe Norte”.
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