Mujeres con un solo propósito

María Esperanza Sánchez, la matagalpina

El nombre de la presa política María Esperanza Sánchez figuró en una lista de posibles excarcelaciones que el régimen aprobó el 18 de diciembre de 2020.

Para esa fecha 1,004 reos recuperaron su libertad, entre ellos tres que estaban en la lista de los presos de conciencia en Nicaragua.

La matagalpina, que lleva encerrada año y nueve meses desde que fue encarcelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 646 días exactamente al 2 de noviembre de 2021, nunca llegó a su casa.

“Fue una emoción inexplicable, porque era lo que llevaba anhelando por tanto tiempo y lo que aún anhelo en estos días”, señaló Sherly Sánchez García, hija de la presa política.

María Esperanza Sánchez tuvo una activa participación dentro del Movimiento Cívico 19 de Abril en su departamento de Matagalpa. Formaba parte de la estructura de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

La activista de 52 años fue condenada a 10 años de prisión acusada por el delito de portación de armas y municiones, transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Desde su llegada al Sistema Penitenciario “La Esperanza”, el 6 de febrero de 2020, ha sido objeto reiterado de alegadas torturas y trato cruel e inhumano por parte de los custodios del sistema.

Siempre se le vio en las calles de su natal Matagalpa exigiendo justicia y democracia en el país hasta que fue detenida el 26 de enero de 2020. Para la familia, la sentencia del aparato judicial del régimen fue un duro golpe, igual que la falsa noticia de que la liberarían.

“Era poder tenerla en mi casa conmigo, con toda nuestra familia, fue totalmente decepcionante pasarla esperando todo el día y nada que la llevaban”, señaló Sánchez García.

La presa política es beneficiaria de medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las dos presas políticas de Masaya

La tarde del 30 de abril de 2020 un grupo de 15 oficiales de la Policía Nacional, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, allanaron la casa Karla Vanessa Escobar Maldonado, ubicada en Masaya, una ciudad ubicada a 28 kilómetros al suroriente de capital nicaragüense.

Era la segunda vez que los agentes detenían a la nicaragüense que es originaria de Masaya y reconocida por su defensa de los derechos sociales y políticos.

El 3 de enero de 2019 fue detenida por primera vez junto a otros integrantes de su familia, pero el 15 de marzo de ese mismo año fue excarcelada a través de un cambio de medidas de “casa por cárcel” tras la aprobación de la polémica Ley de Amnistía.

Escobar Maldonado tuvo una participación en luchas cívicas a favor de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.

Julia Christina Hernández Arévalo es también originaria de Masaya y el 2 de noviembre cumplió nueve meses y veintiséis días encarcelada. Es otra de las voces femeninas que anhelan una Nicaragua en libertad, pero su anhelo le costó 18 años de prisión.

La activista fue criminalizada y permanece privada de libertad desde el 7 de enero del 2021 cuando las fuerzas de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía llegaron a su casa buscando armas y drogas.

Julia fue llevada bajo engaños a otra propiedad, desde entonces nadie la volvió a ver. La mantuvieron incomunicada por varios días hasta el 22 de enero cuando le permitieron llamar a su familia y presentada como integrante de una banda traficante de drogas y por tenencia ilegal de armas de fuego, delitos por los que fue condenada a una pena de 10 de años de prisión.

Mientras estuvo en libertad, la presa política tuvo un papel muy activo en las protestas contra el gobierno llevadas a cabo en Masaya. Como consecuencia de ello, en noviembre de 2019 estuvo ilegalmente detenida durante nueve días sin que se levantasen cargos en su contra.