Redacción / IP Nicaragua
Monseñor Leonardo Urbina, se 51 años, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue sentenciado a 30 años de prisión, por los supuestos delitos de violación y abuso sexual.
La sentencia fue dictada por el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, mismo que lo declaró culpable el pasado 25 de agosto.
En la sentencia a la que tuvo acceso IP Nicaragua, el juez impone 25 años de cárcel por el supuesto delito de violación y 12 por cada cada uno de los supuestos abusos sexuales, que suman una pena total de 49 años.
Sin embargo, monseñor Urbina cumplirá una pena de 30, es decir, 19 años menos del castigo impuesto, ya que la pena máxima contemplada en el Código Penal de Nicaragua es de 30 años.
El padre debe cumplir la condena en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo, hasta el 12 de julio de 2052, según indica la sentencia.
Monseñor Urbina fue detenido el pasado 13 de julio y se le acusó de los supuestos delitos de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años, y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S., de 12 años.
El padre Urbina es el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica al que el régimen condena por delitos comunes en un contexto de hostigamiento, amenazas y persecución a los líderes y sacerdotes de la Iglesia católica.
En julio pasado se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso.
Fue el caso del padre Manuel Salvador Martínez, condenado a casi 5 años de cárcel, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles, y lesiones psicológicas y físicas a una mujer.
En agosto se ejecutaron dos detenciones más de religiosos: el sacerdote Oscar Danilo Benavídez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, del municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna; y el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Managua, tras haber sido acusado de “estar intentando organizar grupos violentos”.
La Policía del régimen de Daniel Ortega mediante un comunicado señaló el 19 de agosto, tras el allanamiento a la Curia Episcopal donde mantuvo al obispo y sus acompañantes retenidos durante 16 días, que mantiene al obispo en “resguardo domiciliario” en Managua, mientras que el resto de los secuestrados fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote».
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