Ministerio Público afirma que hay “serias inconsistencias financieras” en caso de Fundación Violeta Barrios de Chamorro

Redacción / IP Nicaragua

El Ministerio Público de Nicaragua afirmó que encontró “serias inconsistencias financieras” entre los reportes presentados por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro al Ministerio de Gobernación por lo que procedió a abrir una investigación por el delito de lavado de dinero.

“El Ministerio Público una vez recibida la denuncia procedió a realizar el análisis de la misma junto con la documentación que le fue entregada por parte de Gobernación,  se realizó el estudio de los mismos, encontrando “serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a Gobernación y los montos recibidos en la Fundación, razón por la cual se procedió a iniciar el proceso investigativo”, señala una nota de prensa de esta institución del Estado.

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Esta es la primera vez que el Ministerio Público se refiere al caso desde el pasado 21 de mayo cuando citó a la periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a una decena de periodistas independientes.

Fiscalía afirma se les permitió abogado

Para tratar de esclarecer la existencia del delito de lavado de dinero, el Ministerio Público afirma que abrió investigación en contra de Cristiana Chamorro, en su calidad de representante de la Fundación que cerró operaciones el pasado cinco de febrero; el contador, Marco Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez Silva, administrador general.

Todos ellos fueron “citados en calidad de investigados”, señala la nota de prensa del Ministerio Público.

“Cada investigado se presentó con su abogado, respetando sus derechos constitucionales en todo momento”, afirma la institución del Estado que es señalada de fabricar delitos contra personas presas políticas.

Chamorro: “Burda acusación”

Mientras tanto, la periodista y aspirante presidencial sostiene que la acusación criminal en su contra, “armada burdamente por la dictadura” de Daniel Ortega es un “atropello a la democracia” del país.

“Es un atropello más a la democracia, al derecho del pueblo a elecciones libres, a la libertad de expresión, al periodismo independiente y al respeto a nuestros derechos humanos”, señaló Chamorro en una carta abierta.

Por más de 20 la Fundación se dedicó a defender la libertad de expresión, la promoción de los derechos humanos, el derecho al acceso de la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente, que ahora sufre también los atropellos de Ortega.

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“Todos los proyectos de la Fundación fueron lícitamente financiados por la cooperación internacional (…) Abrirme causa por lavado es una farsa, una acusación calumniosa, promovida por quienes han sido señalados internacionalmente por ese mismo delito, así como abuso de poder, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos”, denunció Chamorro.

Siguen citando a periodistas independientes

En este proceso, el Ministerio Público aclara que citó a los periodistas María Lily Delgado y Lourdes Arróliga, junto al excoordinador de proyectos de la Fundación, Guillermo Medrano, para que “colaboraran” con la investigación.

“Estas personas en todo momento se negaron a declarar y a colaborar”, señala la nota de la institución del Estado, pero no aclara que a las periodistas se les amenazó verbalmente después que exigieran la presencia de sus abogados, una garantía constitucional que ofrece el marco jurídico de Nicaragua.

“Les reiteramos a cada uno de los fiscales, que en vista de que nos estaban cambiando la citatoria de testigos a imputados; nos apegamos al artículo 34 de la Constitución Política y nos reservamos el derecho a declarar, porque se nos impidió, en calidad de testigos, estar acompañados por un abogado”, denunció Arróliga al salir de esa oficina del Estado.

El empresario radial, Fabio Gadea Mantilla; los periodistas Verónica Chávez, Roberto Mora, Ludwing Loáisiga; y el comentarista Jaime Arellano han sido llamados por esa institución.

“El Ministerio Público va a continuar realizando las diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos”, advierte la oficina del Estado.