Centenares de militares comenzaron el lunes a tomar el control de las violentas cárceles de Honduras, tras la matanza de 46 internas en un penal de mujeres la semana pasada por disputas entre pandillas rivales y una escalada de inseguridad en el país, dijeron autoridades.
La presidenta Xiomara Castro anunció la semana pasada el regreso del control del sistema penitenciario, dominado por criminales, a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en un viraje en su propuesta de desmilitarizar la seguridad, tras la mortal reyerta en el penal femenil entre miembros de las pandillas Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha.
«La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera», dijo en un tuit el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya.
Centenares de reos con sus cabezas rapadas, en pantalones cortos y sin camisas, y muchos de ellos tatuados, fueron sentados en el piso, muy pegados, en filas, mientras se hacían sendas inspecciones en dos penales de alta seguridad el lunes.
Los reclusos eran vigilados muy de cerca por efectivos militares vestidos con ropas de combate, fuertemente armados y con los rostros cubiertos, en la prisión de alta seguridad de Támara, situada unos 15 kilómetros al norte de Tegucigalpa, según material difundido por el Ministerio de Seguridad.
Las imágenes recuerdan las operaciones lanzadas en la vecina El Salvador por fuerzas militares en una controversial «guerra» contra las violentas pandillas, en la que han sido capturados más de 60.000 miembros de las maras dedicadas a la extorsión, el sicariato, tráfico de drogas, sangrientas venganzas y disputas de territorio, entre grupos rivales.
El portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Antonio Coello, informó que además del sobrepoblado penal de Támara, donde se encuentran hacinados unos 4.200 reos en una estructura con una capacidad para alojar 2.500, también fue asegurado el penal de alta seguridad La Tolva, a unos 65 kilómetros al este de la capital y con 1.963 reos.
El Centro de Adaptación Social Femenino, que fue escenario de la muerte de las 46 mujeres, fue tomado de igual forma el lunes por las autoridades. «Se encontraron armas», dijo Coello a medios locales.
Escenarios de frecuentes peleas
Las derruidas 26 prisiones hondureñas, donde unos 20.000 reos viven en condiciones de insalubridad, una precaria alimentación y donde domina la corrupción de los custodios, son controladas por grupos de crimen organizado, según expertos.
Las hacinadas cárceles del país son escenarios frecuentes de sangrientas reyertas.
En las operaciones del lunes en el penal de Támara, donde fueron sometidos los reos por los militares y extraídos de los módulos hacia áreas abiertas, una requisa consiguió pistolas, ametralladoras, municiones, cargadores y granadas en el área ocupada por Barrio 18, las autoridades lo describieron como un «arsenal».
En la prisión de la Tolva también fueron decomisadas armas de grueso calibre, teléfonos satelitales y explosivos de fabricación caseras, según un informe preliminar.
«Aquí se acabó la corrupción en los centros penales, vamos a controlarlos y no vuelven a salir de aquí llamadas para ordenar extorsiones o ejecuciones», dijo el jefe de la PMOP, coronel Fernando Muñoz, en conferencia de prensa.
Castro incorporó también a las fuerzas a las operaciones de seguridad lanzadas en todo el país, que en principio solo cumplía la policía y una fracción de la PMOP, en la lucha contra el crimen organizado en diciembre, desde cuando se impone un estado de excepción en las ciudades y poblados más golpeados por la violencia delictiva.
Con información de la Voz de América
