Redacción / IP Nicaragua
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet señaló que al menos 144,000 nicaragüenses salieron del país en busca de «vidas dignas y seguras», debido a la represión que continúa ejerciendo el régimen en Nicaragua.
«El temor a la acción represiva de las autoridades en respuesta al ejercicio de las libertades fundamentales es profundamente perjudicial para los derechos humanos del pueblo nicaragüense», dijo Bachelet en su informe anual sobre Nicaragua.
El número de solicitantes de asilo en terceros países durante 2021 habría sido el más alto desde el año 2018, afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«Al menos 144,000 nicaragüenses salieron del país (…) Los y las nicaragüenses continúan buscando vidas dignas y seguras fuera de su país», insistió Bachelet.
La Alta Comisionada expresó su preocupación la reciente reanudación de los juicios y las «duras sentencias de prisión» aplicadas en contra las personas que fueron detenidas en el contexto electoral de 2021, «sin respetar el debido proceso».
«Deben establecerse garantías para asegurar la realización de juicios justos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos», mencionó Bachelete.
La oficina de la Alta Comisionada documentó en 2021 la detención de 43 personas y que estuvieron caracterizadas por «restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política».
Lamentó la muerte en detención el mes pasado del exguerrillero sandinista Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones.
Según Bachelet, «varios detenidos sufrieron un deterioro de su salud en los últimos meses».
Al menos 29 de estos detenidos continúan recluidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como «El Chipote».
A los presos políticos se les ha negado el derecho de mantenerse en contacto con sus abogados, lo que ha «impedido su defensa», mencionó Bachelet.
La oficina que dirige Bachelet en 2021 continuó documentando las detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados.
Entre enero y diciembre del año pasado se documentó el hostigamiento a 20 mujeres y 6 hombres, y al menos cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente.
«También se han documentado cuarenta casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio por parte de funcionarios del Estado contra trabajadores de los medios de comunicación», dijo.
«La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho», concluyó la Alta Comisionada.
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