Redacción/ IP Nicaragua
Más de cien organizaciones que integran la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALC, por sus siglas en inglés) hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua, y que condene las violaciones a estos derechos para restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes.
La red mundial que aboga por la libertad de expresión y acceso a la información, a través de un pronunciamiento también instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión.
«Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua», señalan en el comunicado.
El 12 de agosto de 2021 fue el último día que circuló en el país la edición impresa del diario La Prensa, debido a la falta de papel para imprimir el periódico, debido a un nuevo bloqueo de materia prima impuesto por la Dirección General de Aduana (DGA).
Al día siguiente, oficiales de la Policía, personal de la DGA y de la Procuraduría General de República (PGR) allanaron las instalaciones de este rotativo, ubicado al norte de Managua, la capital, sin orden judicial.
Los colaboradores de La Prensa que se encontraban en el edificio el día del allanamiento relataron que al ingresar a las instalaciones, la Policía interrumpió el servicio de internet y no les permitieron el uso de sus celulares. Además, permanecieron retenidas durante las más de 12 horas que duró el allanamiento.
Horas después, la Policía emitió un comunicado informando que el Estado iniciaba una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, «por los delitos de Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».
Mientras que la madrugada del sábado 14 de agosto las autoridades policiales trasladaron a las oficinas y cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario, con el argumento que debía firmar documentos.
Posteriormente, el lunes 16 de agosto, el Ministerio Público anunció, mediante una nota de prensa, que Holmann había sido detenido y se le habían impuesto 90 días de prisión por el proceso de investigación contra el medio. A la fecha el edificio de La Prensa continúa tomado por agentes policiales fuertemente armados y no permiten el ingreso de los periodistas y otros colaboradores.
«Lo ocurrido con La Prensa en los últimos días se suma a una serie de ataques y acciones intimidatorias cometidas por el Estado nicaragüense en contra de la prensa y de voces críticas», señala IFEX-ALC.
Asimismo, la red mundial recordó que a raíz del proceso de investigación abierto en el mes de mayo en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por supuestos delitos de «lavado de dinero, bienes y activos», más de 30 periodistas han sido llamados a entrevistas al Ministerio Público.
Para IFEX lo que está ocurriendo en Nicaragua, sin duda alguna «constituye un acto de hostigamiento contra la prensa y pretende generar un efecto inhibitorio en los periodistas en un momento en que su trabajo es crucial».
Advierten que «a pocos meses de que se lleven a cabo elecciones nacionales en el país, es indispensable el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas».
Señalan que en las entrevistas se les ha amenazado con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos como consecuencia de sus publicaciones, «siendo esto un claro ejemplo del uso del aparato judicial para amedrentar a la prensa y las voces críticas».
«En los últimos meses se han abierto múltiples procesos judiciales contra voces críticas y líderes de oposición, a quienes se les les investiga actualmente por supuesta traición a la patria bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y hasta la fecha, hay 33 personas detenidas por ejercer su derecho a disentir del actual gobierno, y haber sido identificadas como opositores al gobierno», lamentó IFEX-ALC.
Entre los detenidos por el gobierno de Daniel Ortega se encuentran líderes opositores, aspirantes presidenciales, un cronista deportivo y un comentarista político. «Varias decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse o desplazarse para evitar la posibilidad de ser encarcelados y criminalizados injustamente», agregan.
«Demandamos al Ministerio Público de Nicaragua que cese las agresiones, persecuciones y judicializaciones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes», puntualizan.
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