La abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, indicó en un artículo de opinión que suman más de 3 mil procesiones de Semana Santa, fueron prohibidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua este año.
En su artículo, Molina que vive exiliada en Estados Unidos, explica que “según datos publicados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el país existen 397 parroquias, sin incluir sus capillas”.
“Eso significa que cada uno de los 397 templos realiza al menos una procesión diaria en Semana Santa, sumándole la procesión que se efectúa el domingo previo al inicio de la Semana Mayor para un total de 8 procesiones por parroquia”, argumnetó.
Por lo tanta concluye en que “si existen 397 parroquias en el país y cada una de ellas efectúa 8 procesiones para ese tiempo cuaresmal, entonces estadísticamente se prohibieron 3,176 (tres mil ciento setenta y seis) expresiones de la religiosidad nicaragüense”.
La jurista indicó que “las prohibiciones han sido notificadas de manera verbal a los clérigos por parte de los agentes de la policía, como ya es costumbre de la dictadura, por lo que oficialmente no dejan constancia de tal prohibición”.
“De esta manera pretenden lavarse las manos y echar la culpa de la no salida de las procesiones a los sacerdotes”, agregó.
A la vez denunció que el régimen al prohibir todas las procesiones de Semana Santa, ha vulnerado «una vez más el artículo 29 de la Constitución Política de Nicaragua».
El artículo 29 de la Costitución Política establece que en Nicaragua “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias”.
Molina recordó que en Nicaragua “históricamente las procesiones han tenido una ruta a seguir en cada barrio”.
“En esta ocasión no fueron celebradas siguiendo la costumbre, sino que las imágenes de los santos quedaron recluidas en sus parroquias y unos pocos decidieron salir para recorrer un corto camino alrededor de los templos, siendo siempre vigilados y asediados por miembros de la Policía Nacional y adeptos del Consejo del Poder Ciudadano (CPC)”, señaló.
Los CPC son órganos civiles creados en 2007 por Daniel Ortega, que sirven formalmente para coordinar el trabajo social de las autoridades, pero en la práctica se han convertido en grupos de vigilancia de la dictadura.
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