Redacción / IP Nicaragua
La abogada María Oviedo, miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue condenada a ocho años de prisión.
La titular del juzgado Décimo Tercero, Ulisa Yahoska Tapia Solís fue la encargada de imponen la pena a la presa política.
Oviedo fue detenida el 29 de julio de 2021 y al día de hoy lleva encerrada injustamente 209 días en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El nuevo Chipote».
El 14 de febrero se realizó el juicio a puerta cerrada en contra de Oviedo, donde la declararon culpable.
El Ministerio Público la acusó por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y de ciberdelitos.
El exbanquero Luis Rivas Anduray también escuchó condena, tras ser declarado culpable el pasado 14 de febrero.
A Rivas Anduray, el juez Cuarto Distrito Penal de Juicios, Ángel Jeancarlos Fernández González, le impuso una pena privativa de libertad de 13 años.
A diferencia de otros acusados, al exbanquero le condenaron por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, portación ilegal de armas de fuego, y fabricación, tráfico y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos.
Rivas Anduray también permanece encerrado en las celdas de «El nuevo Chipote» desde el 15 de junio de 2021.
A la fecha, un total de 18 presos políticos recibieron condenas tras ser encontrados culpables en juicios que no reúnen las garantías procesales, según organismos de derechos humanos.
Las leyes represivas aprobadas en el último trimestre de 2020, particularmente la Ley 1055, «Ley de Soberanía» y la Ley de Ciberdelitos, Ley 1042, es la que están usando los jueces contra los presos políticos.
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