«Linchamiento judicial», expresos políticos desterrados condenan confiscación de sus bienes

Luego de conocer la sentencia que giró la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduria General de la República, en la que ordena la confiscación de los bienes de todos los 222 expresos políticos desterrados, los afectados condenaron la violación a su derecho legal universal.

En un comunicado en conjunto titulado «El linchamiento judicial a opositores», los opositores desterrados a Estados Unidos, el 9 de febrero de 2023, señalan que «la última resolución del Tribunal de Apelaciones Orteguista corrobora el uso sistemático del poder judicial como mecanismo de represión, donde el principio de la cosa juzgada carece de validez y manteniendo los juicios abiertos para satisfacer el ánimo de venganza, caprichos y frustraciones de los dictadores».

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El régimen de Daniel Ortega ordenó a través del magistrado Octavio Rothschuh Andino, que preside la Sala, «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil», ya sea en su carácter personal o de persona jurídica.

«La ilegal confiscación equivale a la repartición del botín que realizan los criminales al concluir la comisión de sus ilícitos, apropiándose del producto de los mismos, y confirma la relación entre violación de derechos humanos y corrupción», cita el comunicado.

Indican que «en el marco de la continuada persecución contra ciudadanos/as sometidos por el tenebroso sistema penal nicaragüense a un verdadero linchamiento judicial, producto del odio contra quienes, en unión de miles de compatriotas, han demandado respeto a los derechos humanos, elecciones libres, libertad, democracia y transparencia».

Exreos denuncian violaciones a sus derechos humanos

El comunicado los exreso políticos explican que fueron juzgados en violación de las garantías del debido proceso, con acusaciones de hechos falsos; con pruebas fabricadas por la policía y el Ministerio Público en audiencias rápidas y secretas, muchas en la cárcel El Chipote; sin acceso a sus abogados; con ocultamiento de las causas a las defensas; con prisión preventiva y tramitación compleja improcedentes, dictados sin indicios de comisión de delito.

«Las resoluciones de culpabilidad fueron igualmente ilegítimas y los procesos nulos», afirman.

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Señalan que el principio legal universal de in dubio pro reo, por el que una norma posterior solo puede aplicarse cuando beneficia al reo, ha sido violado.

«Tanto los supuestos delitos, como las penas a las que aún se sigue condenando mediante resoluciones en juicios legalmente fenecidos y mantenidos ilegalmente abiertos, no existían en la legislación nicaragüense al momento de la sentencia firme», argumentan.

«La resolución que nos ocupa, lanzada meses después de la sentencia definitiva, penaliza a los 222 con inmovilización y decomiso a favor del Estado de todos sus bienes inmuebles y acciones, en su carácter personal o de persona jurídica, violentando otro principio universal y fundamental del derecho que establece que la pena no trasciende de la persona del condenado y la prohibición constitucional de la confiscación de bienes», denuncian.

Asimismo declaran que «la no trascendencia de la pena tampoco se está respetando con nuestros familiares, lesionándoseles el derecho al trabajo, a permanecer, salir o reingresar a su patria, y convirtiendo así a Nicaragua en una fábrica de apátridas e imposibilitando el derecho de permanecer juntos como familia».

Jaimen Arellano no firmó el comunicado

Por su parte, el comentarista político Jaime Arellano negó en sus redes sociales ser parte de los firmantes del comunicado publicado este miércoles 14 de junio, y denunció los supuestos abusos de los que se «auto nombraron líderes».

Sin embargo, los expresos políticos destarrados que firmaron el comunicado, aclararon «que la buena fe del grupo fue afectada por una persona quien envió una autorización falsa atribuyéndosela a Jaime Arellano Arana».

Y aclararon que «tal persona fue posteriormente identificada y su identidad le fue comunicada al señor Arellano por si deseaba deducir responsabilidades».