El régimen Ortega-Murillo anunció que el próximo 31 de julio serán excarceladas 1.500 personas privadas de libertad, entre ellas 1.375 hombres y 125 mujeres, bajo la figura de convivencia familiar. Los beneficiados cumplen condenas en los sistemas penitenciarios de Tipitapa, Matagalpa, Juigalpa, Chinandega y Bluefields.
Rosario Murillo, codictadora de Nicaragua, calificó la medida como “una oportunidad para avanzar en buenos caminos” durante su intervención en medios oficialistas.
Con esta liberación, sumarán 6.200 excarcelaciones en 2025. Solo este año, el régimen ha liberado a 2.000 presos el 14 de febrero, 1.700 el 4 de mayo y 1.000 el 18 de mayo, todas bajo la misma modalidad.
Las excarcelaciones han sido cuestionadas por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que alertan de un incremento de femicidios y delitos violentos tras la liberación de reos comunes que no han cumplido la totalidad de sus condenas.
En 2024, el régimen benefició a 9.200 internos, la cifra más alta de la última década. Entre 2015 y 2023, Ortega y Murillo otorgaron este beneficio a 37.764 personas, con un promedio anual de 4.196 liberaciones.
La dictadura suele decretar estos beneficios coincidiendo con fechas como Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, aniversario de la Revolución Sandinista y Navidad, en lo que opositores y analistas interpretan como parte de su estrategia política y propagandística.
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