Larga lista de femicidios en Nicaragua: violencia machista cobra la vida de 42 mujeres

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Redacción / IP Nicaragua

Entre enero y agosto de este año 42 mujeres y niñas nicaragüenses fueron asesinadas producto de la violencia machista, según datos del Observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

En el informe presentado este viernes, la organización precisa que 37 de los casos ocurrieron en Nicaragua y cinco en el extranjero.

Además, 24 de los casos ocurrieron en el ámbito privado, 30 de las víctimas tenían algún tipo de relación con el femicida y 12 mujeres no conocían a su victimario.

Según los datos del Observatorio Voces, 18 de estos casos se encuentran en impunidad, 12 están en proceso judicial y solamente cuatro han sido sentenciados.

Las edades de las víctimas varían desde un año hasta más de 60. El mayor número de víctimas se contabilizó en las edades entre 18 a 34 años.

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Un total de 42 femicidios se registran hasta el mes de julio en Nicaragua.

En 2021, la organización Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó 71 femicidios en el país. Lo que dejó 96 niños y adolescentes quedaron en la orfandad.

Femicidio frustrado: 110 registrados

En lo que va de 2022, la organización también contabiliza 110 femicidios en grado de frustración.

La organización que trabaja en la defensa de los derechos de la mujer afirma que no existen políticas efectivas para la prevención de la vida de las ciudadanas y los victimarios gozan de impunidad.

También señala que los esfuerzos realizados por el Gobierno no son suficientes para detener la violencia machista y lo que realizan es “propaganda política”.

A inicios del mes de agosto, el Gobierno hizo propaganda con una cartilla contra el femicidio y continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que fueron cerradas en 2016 por reformas a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal.

Sin embargo, las defensoras feministas han dicho que estas acciones no compensan la ausencia de leyes, estrategias y políticas públicas adecuadas para prevenir la violencia contra la mujer, garantizar justicia efectiva y acompañamiento adecuado a las víctimas.

A la desprotección contra las mujeres también se le suma el cierre de organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en prevención de violencia y en la búsqueda de justicia.

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