La «señora del huipil» en situación de vulnerabilidad, según la CIDH

Redacción / IP Nicaragua 

Flor de María Ramírez, mejor conocida como la «señora del huipil» por su particular forma de vestir durante las protestas cívicas de 2018, se encuentra en situación de «vulnerabilidad» por lo que recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

En la resolución 59/2021, la CIDH insta al Estado nicaragüense a que sus agentes respeten la vida e integridad personal de la beneficiaria así como proteger sus derechos.

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«Desde el inicio de las manifestaciones en abril de 2018, se ha dado una intensificación del hostigamiento hacia toda persona percibida o identificada como opositora al actual gobierno de Nicaragua. En ese sentido, la Comisión observa que la propuesta beneficiaria es identificada como opositora, principalmente tras su activismo político y participación en las protestas iniciadas en abril de 2018, ya que se convirtió en una persona representativa en las mismas», señala la CIDH en su resolución.

La Comisión agrega que en la situación de doña Flor la vulnerabilidad “es acentuada por ser una persona mayor. Ello implica, por lo tanto, abordar la situación de la beneficiaria desde una perspectiva que se ajuste a su condición, así como de cara al impacto diferenciado que tendrían sobre ella los factores de riesgo enfrentados”.

Estereotipos de género

Además advierten que “al ser mujer opositora, enfrenta una situación de riesgo acentuada», debido a estereotipos de género, discriminación histórica y prejuicios relacionados a cómo debería vestir, actuar o los roles que deberían jugar las mujeres en la sociedad.

Estas medidas fueron otorgadas debido a la extrema gravedad y riesgo, la integridad física y la vida de la «señora del huipil», manifestó Carlos Guadamuz, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

«Debido al constante asedio, persecución, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas que ha menoscabado su integridad física, su integridad sicológica, además de sus libertades fundamentales a que toda mujer adulta mayor tiene derecho», apuntó el defensor de derechos humanos del Colectivo.

Uno de los hechos constatados por la CIDH son los del 22 de enero de 2019 cuando Ramírez fue atacada por varios hombres desconocidos mientras caminaba en una de las calles del barrio San Judas, quienes la insultaban por su
participación en las protestas, además de golpearla.

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Durante 2020, el asedio policial continuó en su casa de habitación. Otro hecho que tomó en cuenta la CIDH fue el ocurrido el 26 de junio de 2020, aproximadamente a las 9 de la noche, Ramírez estaba en las afueras
de su casa de habitación con otras personas, cuando pasó una patrulla policial.

La patrulla se detuvo al verla afuera y los agentes empezaron a registrar a todas las personas que se encontraban con ella. A la propuesta beneficiaria, la «quisieron obligar a que se pusiera contra una pared, sin embargo, ella se negó y se sentó sobre la cuneta de la calle».

Uno de los oficiales se bajó de la patrulla y la «pateó fuertemente en el cuerpo, provocando que, al caer, ella
golpeara su cabeza sobre la cuneta, quedando inconsciente por un momento».