Don Alfredo Solís no tuvo más remedio que vender su parcela de tierra en Ciudad Darío, Matagalpa, y pagarle el viaje a Estados Unidos a sus hijos varones, uno de 25 y el otro de 28 años. Es otro caso de migración forzada.
Se deshizo de su parcela de tierra cultivable, con un rancho y un pozo artesanal que heredó de su padre en 1979. Don Alfredo logró reunirse con su familia en marzo pasado, pero en el año 2021 vendió un ganado y el lote para pagar los 12 mil dólares que le costaba la migración de sus hijos.
Explicó que tanto él, como el resto de su familia, llegaron a la conclusión de que los dos varones no tenían futuro en Nicaragua bajo el régimen de la familia Ortega-Murillo.
Ellos pertenecen a una familia tradicionalmente liberal, simpatizantes de la antigua «contra» y en algún momento activistas de la Unión Nacional Opositora en 1990 y del Partido Liberal Constitucionalista en 1996.
En 1979, el padre de don Alfredo fue fusilado y sus propiedades confiscadas. Solo una pequeña parcela donde tenían un rancho sobrevivió al robo de sus tierras y es la que vendió para el viaje.
Con eso reconstruyó una vivienda en la zona urbana para su familia y el resto de dinero lo dio para ajustar el viaje de sus hijos, a quienes se les unió en octubre de 2023 en Texas, donde ya están solicitando asilo como perseguidos políticos.
“Cuando yo vendí aún no habían comenzado las confiscaciones a lo loco a como se están viendo ahora, pero yo no dudaba que esa robadera volvería, porque lo mismo hicieron en los años 80, porque los sandinistas traen en la cabeza esa idea de apropiarse de lo ajeno, así son los sandinistas, ladrones”, dijo en una comunicación pública vía la red social X.
Como don Alfredo, miles de nicaragüenses han emigrado o se están preparando para hacerlo y temen que el régimen aumente la ola confiscatoria que iniciaron en 2022, con las leyes represivas contra los opositores y organizaciones civiles críticas.
En mayo pasado, una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción calculó en al menos 250 millones de dólares las expropiaciones efectuadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Bienes de periodistas, abogados, medios de comunicación, embajadas, empresas, universidades y bienes de organizaciones religiosas, así como propiedades privadas de familias opositoras han sido confiscadas. El régimen justificó el robo como “una recuperación para el servicio del pueblo”.
Nicaragua vive una extraña situación en el mercado de bienes raíces desde 2019, cuando empezaron a huir masivamente miles de nicaragüenses después de la brutal represión de abril de 2018.
Marcos es un abogado especializado en Derecho Civil y trabaja junto a otros colegas especializados en el ámbito del Derecho Comercial y Mercantil. Cuenta que el fenómeno de la venta de viviendas empezó en 2019 de manera sorprendente, se detuvo temporalmente en 2020 con la pandemia de Covid-19 y explotó en 2021 con la masiva salida de miles de nicaragüenses a Estados Unidos.
“En 2021, tuvimos que asociarnos con otros colegas para dar abasto, porque los clientes que buscaban asesorías para vender sus propiedades se dispararon”, comenta desde el anonimato.
Dice que en 2022 fueron miles de clientes que atendieron buscando servicios legales para traspaso de propiedades, donaciones de propiedades, simulaciones de transacciones, legalizaciones, desmembramientos de lotes, gestiones de escrituras, actualizaciones de herencias, inscripciones de propiedades y más.
“Fue una locura, todo mundo quería legalizar y actualizar sus documentaciones formales de sus propiedades, tanto para vender o para asegurarse dejarlas legales en manos de terceros”, comentó el abogado, quien confiesa que ese ritmo de trabajo ha bajado, pero se sostiene superior a las gestiones de antes de 2018.
El tiempo en que los abogados notaron el incremento de esas acciones legales, coinciden con “el boom” de la migración, que hoy por hoy mantiene a 1.5 millones de nicaragüenses en el exterior.
Una reciente investigación del organismo internacional Diálogo Interamericano, a cargo del politólogo e investigador Manuel Orozco, reveló que para 2019, había 650 mil nicaragüenses en el extranjero, pero que en lo que va de 2024, la cifra supera el 1.5 millones de nicaragüenses en el exilio.
Ese dato indica que después de 2019 han salido 811 mil 127 nicaragüenses del país, hasta sumar millón y medio fuera del terruño. Eso representa un 13% de la población total de Nicaragua, estimada en 6.7 millones a 2023.
Solo este año, hasta mayo, habían salido 155 mil 619 nicaragüenses; en 2021 salieron 155 mil 660; en 2022 se fueron un total de 318 mil 255 y en 2023, migraron 177 mil 293.
Que millón y medio de nicaragüenses hayan decidido salir del país, implica muchas cosas en materia inmobiliaria: más venta de propiedades, renta de casas y movimiento financiero.
Un censo de viviendas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), establecía en 2018 que el déficit habitacional de Nicaragua era de 1.36 millones de viviendas en una población estimada entonces en 6.3 millones de habitantes.
Un estudio del Banco Interamericano Desarrollo, BID, de marzo de 2023 señaló que en Nicaragua el 78% de la población vivía en viviendas en condiciones no óptimas y que se requería la construcción de 648 mil viviendas para reducir al 40% el déficit de estas.
En Nicaragua, en los 17 años del régimen de Ortega, la empresa privada junto a la cooperación externa incidió en la construcción de 135 mil 583 viviendas, según datos oficiales del Instituto Nacional de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), institución que achaca al régimen el “éxito” en este rubro.
Sin embargo, un exmiembro de la clausurada Cámara de Urbanizadores de Nicaragua dijo que hasta antes del 2017, la empresa privada había construido 99 mil 646 viviendas, con algún apoyo del sector público (gobierno, alcaldías y gobiernos regionales) para mejoras y reparaciones de viviendas.
“Fue el auge de la vivienda con fondos de la cooperación y fondos privados, facilitados por el gobierno lo que facilitó ese boom de la construcción, pero desde el 2017, cuando comenzó la crisis financiera de Venezuela, hasta 2023, apenas se construyeron 35 mil 937 casas por la persecución del régimen a la empresa privada”, dice el exfuncionario del Cadur.
Según un veterano agente vendedor de vivienda, desde el anonimato, “el boom” de la migración entre 2021 y 2023 provocó un aumento de ventas de propiedades.
“Mucha gente vendió sus propiedades para costear los gastos de sus viajes y ese fenómeno dinamizó el mercado de bienes raíces que estaba profundamente deprimido desde 2018”, dice.
Señala que, desesperadas por agenciarse dinero rápido, muchas familias vendieron por debajo del valor de mercado sus viviendas y eso provocó una caída en el precio de las casas. “Había residenciales donde se vendían casas valoradas en 70 mil dólares a 40 mil o 45 mil dólares. Mucha gente hacía cesión de deudas, tomaba algo de ganancia y dejaba que los nuevos dueños siguieran pagando al banco la deuda original”, cuenta.
“Muchas de las casas del boom de la construcción, yo diría unas 15 mil hasta 20 mil viviendas, han sido puestas en venta o alquiler. Hay residenciales donde usted mira cuatro o cinco casas vacías con el rótulo en venta”, dice el agente.
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