La fiebre del oro está devastando una de las áreas naturales más importantes dentro del territorio de la Reserva Biológica Indio Maíz, mientras las autoridades nicaragüenses mantienen una actitud pasiva frente a la destrucción.
En la Reserva Biológica Indio Maíz, la minería ilegal se expande como un cáncer, según revela una denuncia ambiental presentada por la Fundación del Río, organización que continúa monitoreando la zona pese a que el régimen de Daniel Ortega le canceló su personería jurídica en 2018.
El informe documenta cómo el sector minero de Las Cruces ha crecido exponencialmente en apenas dos años, abarcando ahora 250 hectáreas —equivalente a 350 campos de fútbol— con más de 700 estructuras improvisadas que albergan aproximadamente a 3,000 personas.
«Después del incendio vino la minería ilegal», señala el documento, refiriéndose a los devastadores fuegos forestales que afectaron la reserva años atrás y que ahora han dado paso a esta nueva amenaza.
Los propios mineros ilegales han dividido el área en sectores que llaman «Nueva Managua», «Siuna» y «Bonanza», convirtiendo lo que era un santuario natural en un asentamiento improvisado que cuenta incluso con bares e iglesia.
Imágenes satelitales muestran daño de la reserva
Las imágenes satelitales muestran además un nuevo sitio de extracción llamado «Piedra Fina», ubicado en territorio indígena Rama y Kriol, sumándose así a otros tres puntos de actividad minera previamente identificados en la reserva. Este nuevo foco se encuentra sobre la ribera del Río Caño Negro y actualmente se está abriendo un camino para conectarlo con Las Cruces, lo que podría intensificar la actividad extractiva en la zona.
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La situación se complica aún más con reportes de violencia en estos asentamientos ilegales. Según la denuncia, en la zona de Las Cruces se han registrado varios asesinatos en los últimos meses, incluyendo la muerte de una niña de apenas un año de edad en diciembre de 2024.
Aunque el Ejército de Nicaragua ha realizado algunas incautaciones de materiales y equipos —incluyendo cianuro, explosivos y maquinaria especializada— y ha detenido a 45 personas en operativos entre 2023 y 2025, estas acciones han sido insuficientes para frenar el avance de la minería ilegal. Los informes militares confirman la existencia de esta actividad extractiva, pero las intervenciones se han concentrado principalmente en el Río San Juan, sin adentrarse en las zonas donde se realiza la extracción.
Autoridades negligentes frente a Indio Maíz
La denuncia señala que tanto los alimentos como los equipos para la actividad minera ingresan desde diversos puntos. Los abarrotes llegan desde la ciudad de El Castillo y son transportados a pie hasta la mina, mientras que materiales como mercurio y cianuro presuntamente provienen de Costa Rica. También se reporta la venta de drogas en la zona.
«El régimen Ortega-Murillo y sus instituciones siguen actuando negligentemente frente al deber de protección de la reserva», señala la denuncia, destacando que la legislación ambiental nicaragüense prohíbe expresamente estas actividades en áreas protegidas. Tanto la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales como el Reglamento de Áreas Protegidas y la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas establecen claras prohibiciones para este tipo de operaciones en reservas biológicas.
Mientras el gobierno nicaragüense solicita financiamiento internacional para supuestamente proteger sus reservas naturales, la realidad en Indio Maíz revela una preocupante contradicción que amenaza uno de los ecosistemas más valiosos de la región. Ante esta situación, Fundación del Río hace un llamado a la comunidad internacional para que se abstenga de financiar al régimen mientras no existan resultados concretos en materia de protección ambiental.
