*En 2017 esta mujer acusó al Ejército de asesinar a su esposo y dos de sus hijos.
Redacción / IP Nicaragua
La campesina Elea Valle, la misma que desde el 12 de noviembre de 2017 acusó al Ejército de Nicaragua de asesinar a su esposo y dos de sus hijos, denunció la desaparición de su hija de 13 años.
La menor, según información preliminar, habría desaparecido la madrugada de este lunes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) lanzó una alerta sobre la situación desesperante que está viviendo doña Elea, según confirmó la directora ejecutiva, Marlin Sierra.
La defensora de derechos humanos informó que, según disposición reglamentaria, la Policía Nacional debe acudir al llamado de doña Elea, tomando en cuenta que ella y sus tres hijos son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No solo por el hecho que sea la niña de doña Elea; tiene mayor obligación de proteger a todos los niños y niñas del país, pero tiene una mayor obligación con relación a esta niña. Generalmente, ellos (la Policía) dicen que son de 24 a 48 horas”, dijo Sierra.
Desde que denunció el asesinato de su esposo y dos de sus hijos, doña Elea ha sido víctima de persecución, por lo que no ha podido establecerse en un solo lugar, recordó Sierra.
“El no poder tener un arraigo en un lugar, cómo estos niños van a ir al colegio, por lo que ella tiene que estarse cambiando ante la inseguridad misma que le genera”, dijo.
Según versión del Estado, el día que asesinaron a la familia de doña Elea, el Ejército llevaba a cabo un “plan de seguridad” en el campo en respuesta a las denuncias que pobladores habrían interpuesto sobre la presencia de un grupo delincuencial.
Doña Elea, sin embargo, cuando acudió a la CIDH denunció que desde el 2014 su familia se volvió blanco del Ejército, tras conocerse que su cuñado supuestamente se alzó en armas contra el gobierno.
A partir de ese episodio, la familia fue objeto de una serie de eventos que incluyen “amenazas, seguimientos e intentos de asesinato”, señaló la CIDH el 24 de febrero de 2018 cuando otorgó la medida cautelar a ella y el resto de sus hijos.
“Toda persona que tiene medida cautelar, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección, pero en este caso ya sabes cómo actúa el gobierno, obviamente como organismo de derechos humanos nosotros tenemos la responsabilidad de recordarle que está obligado”, dijo Sierra.
El dramático episodio previo a la muerte de su esposo e hijos inició el 6 de noviembre de 2017, cuando su esposo le llamó pidiéndole que le mandara a sus dos hijos mayores pues tenía dos años sin verlos.
El 10 de noviembre sus hijos de 16 y 12 años respectivamente emprendieron su camino de noche, hacia la comarca San Pablo 22, manteniendo todo el tiempo contacto telefónico con su madre, dejando claro que volverían dos días después.
En el camino, el Ejército los sorprendió a las cinco de la mañana de ese domingo cuando aún estaban durmiendo a la orilla del río, en una montaña y ahí fueron asesinados sus hijos, su esposo y dos hombres alzados.
Foto portada: El Nuevo Diario.
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