Daniel Ortega y Rosario , celac
La justicia argentina abrió una investigación penal por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros funcionarios del régimen nicaragüense a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota.
Eventualmente, el proceso podría conllevar la «captura internacional de Ortega y cómplices», señaló Richarte desde su cuenta en Twitter.
Y agregó que «hacer la denuncia fue posible por el aporte testimonial de los que sufren en primera persona la violencia criminal y por el trabajo previo de la OEA, ONGs y medios».
El juez federal Ariel Lijo es el encargado de la causa y el que envió un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas donde se investiguen delitos como torturas, detenciones ilegales y desaparición forzada de personas.
El abogado argentino explicó que la justicia argentina «tiene una extensa tradición en materia de defensa de los derechos humanos y aceptación del principio de jurisdicción universal».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra el asesinato de 355 personas en el marco de la represión ejercida durante las protestas sociales entre 2018 y 2019.
Según Richarte, con esta denuncia se «inicia un camino para lograr justicia» en nombre de todas las víctimas del régimen.
«Somos optimistas en el avance de la investigación para establecer las responsabilidades penales de Ortega y sus cómplices», señaló el abogado argentino.
La justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal.
El fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una denuncia contra Ortega y Murillo en el tribunal argentino.
Francisco Díaz Madriz, actual director de la Policía Nacional, Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central y Sonia Castro González, quien fungió como ministra de salud, son algunos de los funcionarios señalados como cómplices.
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