Redacción / IP Nicaragua
Los juicios contra los presos políticos iniciaron este martes a puerta cerradas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote» y con un marcado patrón de violaciones a sus derechos constitucionales y procesales.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que los juicios contra los reos políticos están llenos de irregularidades.
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Los juicios se están realizando en las instalaciones del Complejo Evaristo Vásquez Sánchez de la DAJ, que permanece rodeada de policías antimotines.
A la audiencia de juicio no tuvieron acceso los familiares de los detenidos, pese a que la ley establece juicios orales y públicos, denunció el Cenidh.
«Se les impidió el ingreso a los familiares y no hay comunicación con defensores. Se repiten las ilegalidades de la audiencia inicial”, señaló el organismo defensor de derechos humanos.
“Ya empezó la primera farsa judicial en el Chipote, recibimos información de la exagerada presencia de antomotines”, escribió el organismo en sus redes.
Este 31 de enero de 2022 el Ministerio Público anunció que los juicios contra los reos políticos que permanecen en «El Chipote» y en prisión domiciliar estarían retomándose a partir de este 1 de febrero.
Los primeros reos políticos a juicios
En esta primera jornada se desarrollaron dos juicios contra Yader Parajón, de 31 años, capturado el 4 de septiembre del 2021 y Yasser Vado González.
Parajón fue acusado por el Ministerio Público de ser «coautor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El segundo juicio fue contra Yaser Vado González, conocido como Muhamar Vado González, de 26 años, capturado el 6 de noviembre, miembro de la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos).
A Vado el Ministerio Público lo acusó de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” en concurso real de “propagación de noticias falsas”, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Fiscalía violenta la Constitución Política
En su comunicado el Ministerio Público anunció que iniciarían los juicios «orales y públicos», pero no permitió el ingreso de ninguna otra persona más que la defensa.
El marco legal vigente en Nicaragua establece que los juicios deben realizarse en las instalaciones donde están asentados el juez y el tribunal.
Los juicios contra los reos políticos se realizan en las instalaciones de la DAJ, violentando lo establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que “nadie puede ser sustraído de su juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción”.
A los presos políticos enjuiciados, también se les violentó su derecho de enfrentar juicios orales y públicos contemplados en el artículo 285 del Código Procesal Penal; ya que ni siquiera sus familiares pudieron ingresar al recinto para presenciar el proceso.
Miguel Parajón, padre de Yader Parajón, y Zenobia González, madre de Yader Vado confirmaron a La Prensa “que se les negó el ingreso al complejo policial”.
Ambos familiares permanecieron en las cercanías del reciento a espera de noticias de las abogadas que llevan los casos, publicó este diario en su sitio web.
Alianza Cívica denuncia ilegalidad en procesos
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) a través de un comunicado denunció que «los procesos penales contra los presos políticos están plagados de ilegalidades».
«Desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1», señaló la Alianza.
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La organización opositora denunció posterior a la detención los presos políticos estuvieron prácticamente «desaparecidos e incomunicados durante más de 80 días y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales (Ley N ° 1055 y Ley N °1060)».
Los juicios, según la Alianza, están llenos de «graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política”.
Demandan liberación
La organización opositora demandó la liberación, sin condiciones, de los presos políticos porque:
a) No han cometido ningún delito, son inocentes.
b) Los procesos judiciales están basados en cargos infundados.
c) Con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada.
d) Sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos.
e) Falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus.
f) Falta de acceso, comunicación e información entre las personas detenidas y sus familiares en contravención de la legislación nacional e
internacional en la material.
g) Incumplimiento de los términos y plazos legales.
