Redacción / IP Nicaragua
Por segundo día consecutivo, una autoridad judicial realizó a puerta cerrad la audiencia inicial en contra de los opositores detenidos José Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz.
Durante la audiencia que se realizó en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote», el judicial impuso la medida de prisión preventiva para cada unos de los opositores detenidos y remitió la causa a juicio. Todos son acusados por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» que sanciona el artículo 410 y 412 del Código Penal de Nicaragua.
Tanto Pallais como Granera y los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro llevan 87 días presos. El catedrático Arturo Cruz, detenido el 5 de junio, cumplió este viernes 90 días en «El Chipote».
En un comunicado, el Ministerio Público informó que quedó «pendiente» de realizar audiencia contra Manuel Salvador Orozco, investigador senior en Diálogo, un centro de pensamiento con sede en Washington, Estados Unidos. «Se encuentra prófugo de la justicia y con orden de detención judicial», reitera el Ministerio Público.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció nuevamente la «ilegalidad» en la que se están llevando a cabo estos procesos en «El Chipote».
«Esto es una violación a las garantías del debido proceso», insistió el organismo de derechos humanos a través de su cuenta de Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que sigue monitoreando la situación de personas «detenidas arbitrariamente» en el contexto electoral de Nicaragua.
«La CIDH exhorta a Nicaragua a garantizar el debido proceso y la integridad personal de quienes se encuentran en privación de libertad. Asimismo, reitera su llamado a liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis», manifestó el organismo.
Asimismo la entidad acusadora confirmó que se remitió también a juicio a los exguerrilleros Hugo Torres y Dora María Téllez, así como la opositora Suyen Barahona. A cada uno de ellos se les confirmó la medida de «prisión preventiva» por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Por último, el comunicado menciona que se presentaron acusaciones contra los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Francisco Aguirre Sacasa como presuntos autores del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Pese a que el Ministerio Público insiste que a las personas acusadas se les «ha respetado los derechos constitucionales», los familiares de los presos políticos han denunciado que ellos están siendo sometidos a actos de tortura sicológica y han bajado considerablemente de peso debido a que no les permiten el ingreso de alimentos.
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