* La “firma de todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas” ahora las hará José Adrián Chavarría Montenegro, quien fue nombrado vicetitular de esa entidad.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, se convirtió en otro de los funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega a los que se le quitan todas las funciones de su cargo, tras haber sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El acuerdo presidencial 45-2020, mantiene en el cargo a Acosta, pero pone a José Adrián Chavarría Montenegro como vicetitular de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá entre sus competencias la “firma de todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas”.
Chavarría Montenegro será el encargado de revisar los documentos necesarios que estén vinculados a los “desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y ejecución de contratos de préstamos”, señala el acuerdo presidencial.
La medida deja sin efecto el nombramiento de Chavarría Montenegro, quien fungía como nombrado Secretario de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con rango de viceministro, desde el 11 de enero de 2017.
Ortega también firmó el acuerdo presidencial número 46-2020, que deja sin efecto al número 106-2018 que fue debidamente publicado en el diario oficial La Gaceta el 12 de julio de 2018, otorgando a Acosta la “representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua” en la Distribuidora de Electricidad del Norte S.A (Disnorte) y la Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. (Dissur).
Acosta ya no podrá participar en las juntas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas ni en otros comités especiales de esas empresas en las que el Estado tiene participación.
Las sanciones dadas a conocer por la OFAC el pasado 22 de mayo establecen que desde el inicio del estallido social en abril de 2018, Acosta estuvo siempre organizando un “importante apoyo financiero al régimen de Ortega”.
Al ahora exministro de Hacienda, incluso, se le acusa de que “amenazó personalmente” con sanciones a los bancos para que no participaran en el paro nacional organizado por los líderes de la oposición en marzo de 2019, medida que buscaba la liberación de los presos políticos, afirma el documento de la OFAC.
Junto a Acosta también fue sancionado el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. El documento de la OFAC establece que los bienes que ambos posean en Estados Unidos, en posesión o control de personas estadounidenses, “están bloqueados”.
En 2019, Ortega también se vio obligado a remover de su cargo como Ministra de Salud a Sonia Castro, después que la funcionaria también fuera sancionada por los Estados Unidos.
El retiro de Castro como ministra de Salud se hizo efectivo mediante el Acuerdo Presidencial 108-2019 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 26 de julio, en el que también se le nombra asesora de Ortega.
Castro, acusada de no prestar atención en salud a los heridos durante las protestas de 2018, fue sancionada por Estados Unidos y Canadá el 21 de junio de 2019 junto con Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Orlando Castillo, director de Telcor y el general en retiro y exministro de Transporte, Óscar Mojica.
En la lista de sancionados por Estados Unidos también figura la coordinadora de comunicación del Gobierno, Rosario Murillo; uno de sus fieles colaboradores, Néstor Moncada Lau, el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, además de algunos funcionarios de la Policía Nacional, incluyendo al director, Francisco Díaz.
Foto portada: El Nuevo Diario.
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