* Las mujeres, la niñez y los migrantes son los grupos de mayor riesgo para la trata de personas en Nicaragua.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
Nicaragua no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la Trata de Personas, lo que significa que el Gobierno no hace ni el más mínimo esfuerzo por combatir o enjuiciar a funcionarios vinculados con ese delito, por lo que fue degradado al nivel tres, según un informe que presentó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
“El gobierno no condenó a ningún traficante, y los esfuerzos de identificación de víctimas continuaron siendo inadecuados”, señala el Informe Anual 2020 presentado por el Departamento de Estado.
Además, plantea que existe una complicidad generalizada de funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del Gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad generalizada entre funcionarios gubernamentales”, añade el informe.
El documento agrega, que funcionarios de al menos cuatro de las agencias gubernamentales integrantes en la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas (CNCTP) han “perpetrado o autorizado violaciones de derechos humanos, creando un ambiente de impunidad y posiblemente disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien la trata de personas”.
No obstante, el informe destaca que los “esfuerzos de enjuiciamiento, protección y prevención” fueron todavía más difíciles en las zonas ubicadas en las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense.
A pesar de todo, el documento emitido por el Departamento de Estado reconoce que el Gobierno de Nicaragua tomó algunas medidas para abordar el tema de la trata, eso incluye la identificación de un poco más de víctimas que en el período del informe anterior así como el enjuiciamiento de al menos un traficante.
Igual que en otros asuntos, el Gobierno de Ortega se negó a cooperar sobre el tema con las organizaciones que están adheridas CNCTP o la prestación de servicios a las víctimas.
Perfil del delito
De acuerdo con ese informe, los traficantes someten a mujeres y niños nicaragüenses al tráfico sexual dentro del país y en otros países de América Central, México, España y los Estados Unidos.
Las mujeres, niños y migrantes son los grupos de mayor riesgo para la trata de personas en Nicaragua.
- Leer más: Nicaragua necesita sanciones más estrictas para hacer recapacitar al gobierno, afirma experto
“Los familiares de las víctimas a menudo son cómplices en su explotación, además, los traficantes utilizan cada vez más los sitios en redes sociales para reclutar a sus víctimas, quienes se sienten atraídos por las promesas de altos salarios fuera de Nicaragua para trabajar en restaurantes, hoteles, construcción y seguridad”, señala el documento.
Las víctimas suelen ser reclutadas en zonas rurales o regiones fronterizas con “falsas promesas de empleos bien remunerados en centros urbanos y lugares turísticos, donde los someten a tráfico sexual o laboral”.
Partiendo de los informes, hay nicaragüenses que emigran a otros países centroamericanos y a Europa que suelen ser vulnerables y han sido víctimas del tráfico sexual y laboral.
“Los expertos informan que los traficantes apuntan a los niños que dejan los migrantes en Nicaragua para el tráfico sexual y laboral”, enfatiza el documento.
No hay acciones concretas
En este tema, según el Departamento de Estado, el gobierno disminuyó las acciones que pudieran ayudar a prevenir el delito de Trata de Personas.
“Realizó menos capacitaciones relacionadas con la trata de personas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que en años anteriores”, aseveró.
En 2019, no hubo capacitaciones especializadas en tráfico de investigadores, fiscales, jueces u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, agrega el documento.
Por otro lado, las autoridades informaron haber iniciado seis investigaciones en 2019, todas por tráfico sexual, en comparación con cuatro investigaciones en 2018 y cinco en 2017.
Se realizaron cinco arrestos asociados con el tráfico, pero sólo procesó a un traficante, acusado de tráfico sexual y laboral, durante el período del informe en comparación con cero procesamientos en 2018 y dos en 2017.
Según el Departamento de Estado, en este periodo el Gobierno continuó disminuyendo sus “esfuerzos mínimos de protección”.
Además, se logró identificar a ocho víctimas de trata, incluidas cuatro mujeres y cuatro niñas, en comparación con seis víctimas en 2018; 12, en 2017; 13, en 2016 y 30, en 2015.
“El Gobierno informó que no hubo víctimas adicionales identificadas por las ONG y otras organizaciones; sin embargo, datos externos indicaron que había al menos varias docenas de víctimas de trata identificadas por ONG en 2019”, añaden.
Aunque el Gobierno afirmó que no había víctimas de trata extranjeras en 2019, una organización internacional organizó la repatriación de tres víctimas de Guatemala, Panamá y Costa Rica.
El Gobierno, según resultados de este documento, informó que había una asignación para la protección de víctimas de trata en el presupuesto nacional, pero no proporcionó servicios especializados o refugios ni reveló una cifra para estas asignaciones.
Recomendaciones
El Departamento de Estado de Estados Unidos urgió al Gobierno aumentar significativamente los esfuerzos para identificar a las víctimas de la trata sexual y laboral, incluidos los extranjeros.
A su vez, sugirió investigar, procesar y condenar a los traficantes, incluidos los funcionarios cómplices, así como implementar una estrategia nacional para la atención integral de víctimas de trata de personas, incluso entre poblaciones vulnerables.
