Miembros de la Policía Nacional custodian el centro de detención conocido como "El Chipote", lugar donde fueron recluidos muchos de los arrestados tras manifestantes antigubernamentales de 2018; en Managua, Nicaragua, el 25 de abril de 2018.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró drásticamente, con un aumento de detenciones arbitrarias, intimidación a opositores y ataques contra pueblos indígenas, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que destaca la creciente persecución a voces disidentes.
El informe destaca que las violaciones de los derechos humanos en el país agrava la situación, reduce los espacios cívicos y democráticos y amplían el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre todas las instituciones públicas, ya sean administrativas, judiciales, políticas, académicas o
culturales.
«Las autoridades continúan persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control», señala el informe publicado este 3 de septiembre.
De acuerdo con la oficina de Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos en Nicaragua «ha seguido deteriorándose gravemente».
Durante el periodo que se examina, la ACNUDH realizó 120 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes.
En Nicaragua, el régimen «ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes en el país», destaca.
Además, el informe agrega que el «espacio cívico sigue gravemente erosionado y, en un contexto de sistemáticas denuncias de represión, el ejercicio de los derechos civiles y políticos es cada vez más difícil».
El ejercicio legítimo de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica en Nicaragua está «severamente restringido», detalla el informe.
Por otro lado, el régimen siguió cancelando arbitrariamente la personalidad jurídica de las organizaciones.
Entre junio de 2023 y el 15 de junio de 2024, se les canceló la personalidad jurídica a 303 organizaciones, lo que suma un total de 3,641 organizaciones desde 2018.
La oficina también documentó las «restricciones indebidas a la libertad religiosa» y se canceló arbitrariamente la personalidad jurídica de organizaciones religiosas.
Con esta acción se limita el derecho de comunidades religiosas a ejercer su libertad de asociación.
«Según sociedad civil, a mayo de 2024, 392 organizaciones religiosas habían perdido su personalidad jurídica desde 2018», destaca el informe.
Al menos a 27 de sacerdotes y seminaristas católicos se les arrestó arbitrariamente entre octubre de 2023 y enero de 2024.
Las desapariciones forzadas es otro patrón implementado por el régimen en Nicaragua.
Un detenido que habría sido sometido a desaparición forzada durante un período de 49 días y privado de acceso a medicamentos es un ejemplo de estos casos.
El ACNUDH documentó que a un familiar de esta persona se le prohibió volver a entrar al país tras un viaje al exterior, lo que le impidió realizar más visitas a la persona detenida y la desarraigó de su vida en Nicaragua.
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