En un contexto de «control absoluto de todos los espacios de participación y defensa de derechos humanos«, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), identificó 1,508 agresiones contra defensoras, organizaciones y grupos nicaragüenses de defensa de derechos humanos durante el año 2023.
La mayoría de las agresiones se manifestó de forma individual (58%) y en agresiones colectivas (37%) hacia defensoras presas políticas, sus familiares y personas desterradas, destaca el informe anual de la organización mesoamericana.
Del total de agresiones, la mayoría fueron contra quienes defienden el derecho a la participación política de las mujeres (34%), defensoras feministas que defienden diversos derechos de las mujeres (22%) y víctimas, familiares de víctimas o personas que acompañan la búsqueda de la verdad, justicia y reparación ante graves violaciones de derechos humanos.
Entre enero y diciembre de 2023, la IM-Defensoras se dieron 30 detenciones arbitrarias; 28 desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero posterior a detenciones arbitrarias; 44 inicios de causas judiciales y 42 agresiones que implican «desprotección legal por actos arbitrarios de las autoridades».
«En muchos casos, las defensoras nicaragüenses se han visto forzadas a desplazarse fuera del país a causa de las violencias que enfrentan, alejándose de sus familias, comunidades y colectividades», explica la IM-Defensoras.
Solo en 2023, la organización registró 69 desplazamientos forzados personales, siendo el año con mayor cantidad de desplazamiento de defensoras desde el inicio de la represión estatal que inicio en 2018.
La crisis sociopolítica de abril de 2018 dejó al menos a 355 personas asesinadas en el país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la fecha de publicación del informe, al menos 13 defensoras nicaragüenses seguían encarceladas por motivos políticos, mientras que otras fueron «liberadas y obligadas a permanecer en sus casas y presentarse a firmar de forma periódica ante agentes policiales, encontrándose en una situación de muerte civil de facto al no permitírseles trabajar o movilizarse libremente«.
La situación de las defensoras presas políticas es alarmante y, en cuatro de los casos, se confirman son víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, así como la negación del acceso diario a patio, sol, acceso a agua potable y asistencia médica profesional de calidad.
A nivel de la región, durante el año 2023, la organización documentó un total de 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos y 73 organizaciones o grupos en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
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