Redacción/ IP Nicaragua
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua mostró su preocupación por la violencia institucionalizada, la delincuencia común y las necesidades económicas que enfrentan los nicaragüenses.
“En este contexto vemos cómo aumenta la delincuencia común y la violencia institucionalizada acompañada de leyes punitivas que no solucionan estos problemas y más bien conducen a condenas selectivas”, afirmó la Comisión a través de un comunicado.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó el 18 de enero de 2021 en segunda legislatura una enmienda constitucional que impone la cadena perpetua por «delitos de odio».
La decisión adoptada debe aplicarse cuando sean delitos graves y concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional.
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“Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a luchar por la defensa de la vida en todas sus formas, mejorar las condiciones carcelarias respetando la dignidad humana de las personas privadas de libertad; y en relación a la cadena perpetua, que ésta es una pena de muerte oculta”, refiere el comunicado.
Desde 2018, Nicaragua ha sufrido un agravamiento de la violencia institucional, donde grupos paraestatales siguen operando en conjunto con la Policía Nacional, según han denunciado organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
La crisis sociopolítica que este abril cumple tres años dejó al menos 328 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y otros 100 mil en el exilio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha lamentado en reiteradas ocasiones la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población.
Por otro lado, la CIDH también lamenta que no haya voluntad para superar la “situación de impunidad” respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018.
A partir de la “Rebelión de Abril”, muchos ciudadanos perdieron su empleo y el país los nicaragüenses luchan por sobrevivir en medio de la crisis sociopolítica.
“Nos preocupa el desempleo, la carestía de la vida, los bajos salarios y la profundización de la pobreza que está a la vista”, resaltó la Comisión a través de su comunicado número 19.
La economía nicaragüense está estancada desde el 2018, y los más recientes datos del Banco Central de Nicaragua (BCN) revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2020 tuvo una caída de 2%.
La situación que vive el país ha provocado un aumento en la delincuencia común.
Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en el país, afirman que el Gobierno ha otorgado el beneficio de convivencia familiar a delincuentes sexuales y femicidas.
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