ARCHIVO - La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, saluda durante la ceremonia de juramentación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia, el domingo 7 de agosto de 2022. (Foto AP/Fernando Vergara)
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, firmó el miércoles un acuerdo ejecutivo mediante el cual se permite el uso y comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) en el país, según informó la Secretaría de la Prensa en Twitter.
El diputado y doctor Marco Eliud Girón dijo a The Associated Press que se trata de una buena noticia ya que la medida permite a las mujeres recuperar su derecho a la salud reproductiva.
“La pastilla no es abortiva está autorizada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (…) es utilizada por todos los países miembros y Honduras era de los pocos países donde era prohibido su uso”, apuntó Girón, legislador del partido Libertad y Refundación de la presidenta Castro.
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De su lado, la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras, manifestó a la AP que los problemas de las mujeres en Honduras van más allá de la simple aprobación del uso y comercialización de la PAE.
“Su aprobación no es ninguna garantía de respeto a la reivindicación de la mujer. En Honduras no contamos con la suficiente educación, ni respeto a los derechos básicos para que eso sea tomado como un triunfo”, indicó la legisladora conservadora, agregando que en el país la mayoría de las víctimas de abusos son niñas y “los violadores suministran esas sustancias (…) para evitar que el embarazo sea el que denuncia el abuso de la menor”.
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Figueroa afirmó además que si la aprobación de la píldora no va acompañada de educación y de un abordaje integral sobre los derechos de la mujer, no servirá más que para que las niñas reciban dosis excesivas de hormonas que, según dijo, tendrán repercusiones negativas en su salud.
En Honduras el uso y comercialización de la PAE era legal hasta el 2 de abril de 2009, cuando se prohibió mediante un decreto aprobado en el Congreso Nacional.
Tras la llegada al poder de la presidenta, las organizaciones feministas habían solicitado la despenalización de la PAE y Castro se comprometió a autorizar su uso.
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